
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) comienza el 2026 con su presidente, Hugo Obando Concha, cumpliendo ya un mes en el cargo, período que le sirvió -cuenta en entrevista con Gestión- para realizar un extenso “diagnóstico” de los diferentes retos que tienen en sus áreas: operativos, legales, financieros. La primera impresión es negativa.
“Se ha visto que Sedapal viene caminando a un ritmo de empresa de los años de 1980. No está a la vanguardia de la tecnología actual. Queremos terminar esta gestión dejándola encaminada hacia elevar sus estándares”, describió.
Una de las principales dificultades de la empresa estatal es que no cuenta con dinero para desarrollar nuevas inversiones. Así, para obtener liquidez están enfocados en dos canales, principalmente: el reperfilamiento de su deuda a un plazo más largo, que bordea en total los S/ 6,500 millones; y mayores ingresos por recaudación, es decir, mayores tarifas en los recibos de agua.
Con el reperfilamiento de la deuda, se espera obtener recursos para invertir por S/ 1,100 millones.

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¿Qué cambiará en las tarifas?
Los recibos de agua de los usuarios de Sedapal, en 2026, sufrirán un alza a partir de dos hechos. El primero responde a que, en octubre, iniciaron una conciliación extrajudicial contra la Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento (Sunass) aduciendo una supuesta mala estimación tarifaria en el periodo 2022–2027, que les perjudicó sus ingresos.
“Para este año, justamente, ya hay una actualización de tarifas y un recálculo en base a los pedidos y demandas que ha venido en estos años pidiéndose desde Sedapal”, contó.
El primer pedido que se atendió, de varios, es sobre la planta desalinizadora en Santa María del Mar y que opera bajo una Asociación Público-Privada (APP).
“Antes, solo se estaba considerando en el pago de tarifas por las inversiones, pero faltaba la otra parte: el mantenimiento. Ya la han actualizado y eso va a permitir, al 2026, recaudar para Lima S/ 400 millones más”, detalló.

Como es sabido, existen dos tipos de usuarios domésticos de Sedapal: de menores y mayores recursos.
En el primer caso, el incremento será de S/ 0.36 por m³ consumido. Con un consumo promedio de entre 5 y 10 m³, el incremento oscilaría el S/ 1.80 y S/ 3.60.
En el segundo escenario, el aumento será de S/ 0.52 por m³. El consumo promedio en este segmento es de 15 m³, generando un alza de alrededor de S/ 7.80
Más que un aumento de tarifa, Obando subrayó que es una “actualización de tiempo y de años que Sunass no venía ajustando”. “Incluso, ni siquiera cubre [los gastos relacionados], pero al menos es una buena noticia empezar por algo”, agregó. A partir de ahora, Sunass calculará el monto año a año.
El otro ajuste tarifario que se aplicaría en 2026 se sustenta en un cambio normativo, efectuado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y que la Sunass, como regulador, le dio cumplimiento a fines de octubre. En concreto, dejó la “puerta abierta” a que las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) trasladen a sus usuarios el pago de las multas que reciban del propio Estado. Según expertos, no solo se tratarían las de Sunass, sino de la Sunat, la Sunafil o la OEFA.
Como reportó este diario entonces, el reglamento de las tarifas plantea que será “al momento de la presentación de solicitud de revisión periódica” de parte de la propia EPS que la Sunass determinará la inclusión de estas multas.
Consultado directamente por Gestión si desde este 2026 los usuarios percibirán parte de las multas que reciba Sedapal, Obando señaló: “Sí, si la autoridad [Sunass] lo determina, por supuesto que nosotros lo tenemos que ejecutar” (…) “Todavía no estaba aplicándose [en 2025], pero, si en 2026 la Sunass lo aplica, nosotros tenemos que acatar”.
“Es un tema que ya no lo fija Sedapal, sino que depende sumamente de este regulador”, complementó.
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Es más, indicó que no se requieren de documentos o normativas adicionales, sino que solo “depende del modelo tarifario”. “[¿Es cuestión solo de incluirlo?] Sí, exactamente”, respondió.
Continuando la línea de aumentar sus ingresos, Obando indicó que también serán “más agresivos” en el tema de cobranzas del agua no facturada.
Actualmente, el nivel se estima en un 32.6% del total y la meta al cierre del 2026 es reducirla a un 30%. Esa diferencia significaría que perciban hasta S/ 90 millones. Lo estimado total que no se cobra por este aspecto bordea los S/ 3.400 millones.
Proyectos de obras claves de Sedapal
Con mayores ingresos, Obando señaló que tienen tres proyectos de obras claves para el 2026. Uno es desarrollar la tercera planta en La Atarjea, que tendría la capacidad de procesar 10 metros cúbicos por segundos. Esta se sumaría a una primera, que cuenta con similar capacidad de procesamiento, pero por su antigüedad solo abastece con 7 m³/s; y a una segunda planta, también de 10 m³/s.
“Con ello, podemos pasar de 11 millones de personas atendidas hasta 15 millones para los próximos tres o cuatro años”, refirió.
Con una inversión de S/ 450 millones, en 2026 se buscaría tener aprobado su expediente y, con ello, arrancar las obras. La metodología que se aplicará será un concurso público.
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La segunda obra clave es la Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) Ventanilla, cuya inversión asciende a los S/ 500 millones. También se aplicaría un concurso y se espera tener el expediente con “luz verde” para iniciar obras este año.
El tercer proyecto está relacionado a pantallas de agua, con una inversión que ascendería a los S/ 400 millones. Se apunta a tener solo el expediente en 2026.
El escenario pendiente de obras es retador. El presidente de Sedapal mencionó, como referencia, si se quisiera tener abastecido al 100% a Lima y Callao en los próximos 30 o 40 años se necesitan 52 obras de gran envergadura, representan una inversión por alrededor de S/ 50,000 millones.
Adicionalmente, con los mayores recursos sostuvo que se duplicará el presupuesto para mantenimiento de infraestructura, hasta los S/ 30 millones en cada uno de los tres centro de servicios en Lima y Callao.
Otras medidas
Obando comentó que, buscando volver más eficiente su gasto institucional, también están revisando sus contrataciones laborales. Detalló que hay alrededor de 2,000 contratos “adicionales”, similares a locadores de servicios, que representan alrededor del 25% de su total de trabajadores y significan un gasto de S/ 25 millones, aproximadamente.
“Los vamos a eliminar. Es nuestra primera meta en 2026 y seguiremos revisando”, anotó.
De otro lado, añadió que revisarán y elevarán sus estándares de contrataciones de empresas que le prestan servicios. “Tenemos que tener proveedores con mayor capacidad financiera y de mayor calidad”, anotó.

Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.








