Entre 2023 y 2025 se han adjudicado 24 proyectos de transmisión eléctrica por más de US$ 2,500 millones. Foto: Gob.pe.
Entre 2023 y 2025 se han adjudicado 24 proyectos de transmisión eléctrica por más de US$ 2,500 millones. Foto: Gob.pe.

La ministra de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles,, que beneficiarán a más de ocho millones de peruanos en 13 departamentos del país.

Esta cartera de proyectos corresponde al Plan de Transmisión 2025-2034.

Así también la titular del MEF señaló que estas inversiones fortalecerán el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), permitiendo un suministro de energía más confiable y eficiente en diversas regiones.

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“La ejecución de proyectos de transmisión eléctrica mejora la calidad de vida al garantizar electricidad para hogares, hospitales, escuelas y empresas, y facilita el desarrollo económico y social, especialmente en zonas rurales o aisladas”, señaló la ministra Miralles.

Añadió que una red eléctrica sólida también atrae inversiones, impulsa la actividad productiva y promueve una mayor integración territorial. “La energía mueve al país; la energía es progreso y bienestar para todos los peruanos”, enfatizó.

Los 18 proyectos de la cartea a adjudicarse están organizados en cuatro grupos. El Grupo 1 comprende cuatro líneas de transmisión, con una inversión de US$ 252 millones, que beneficiarán a Piura, Lambayeque, Junín y Ayacucho. El Grupo 2 incluye cuatro proyectos adicionales por US$ 444 millones, destinados a Cusco, Puno, Madre de Dios, Lima e Ica.

Por su parte, el Grupo 3 contempla cinco líneas de transmisión con una inversión de US$ 137 millones, que se desarrollarán en La Libertad, Piura, Lima y Junín; mientras que el Grupo 4 agrupa otras cinco líneas por US$ 122 millones, que beneficiarán a San Martín, Junín, Ucayali, Ica y Tacna.

La ministra destacó el rol de ProInversión en la estructuración y adjudicación de estos proyectos,

Finalmente, la titular del MEF reafirmó que el Perú continúa siendo una plaza atractiva para la inversión privada de largo plazo, respaldada por sólidos fundamentos macroeconómicos, una gestión fiscal responsable y un marco normativo que promueve la inversión público-privada.

“La disciplina fiscal nos permite preservar el grado de inversión, reducir costos financieros y ejecutar proyectos estratégicos que transforman territorios y mejoran la vida de las personas”, concluyó.

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