Los empresarios peruanos han salido al frente a manifestar su rechazo a a la decisión de resolver el contrato G2G con Francia para atender proyectos como la Carretera Central, la Vía Expresa Santa Rosa y el Puente Santa Rosa (ingreso del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez).
Esta medida resultó de un informe difundido de Provías Nacional, que recibía los servicios de PMO Vías, como la procura (contratos) y la gestión frente a consultores.
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“Señal negativa”
La Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), a través de un comunicado de prensa, expresó su preocupación por la incertidumbre generada en torno a los contratos suscritos para la ejecución de los proyectos comentados.
“Postergar nuevamente estos proyectos envía una señal negativa a la inversión y debilita la confianza en la estabilidad jurídica del país”, advirtieron.
Exhortaron también al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a priorizar la continuidad de los proyectos, garantizando la transparencia y el respeto al marco legal vigente.
El acceso definitivo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, hoy con puentes modulares, estaba a cargo de PMO Vías. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
“Cualquier presunta irregularidad debe ser investigada por las instancias competentes, sin detener obras de interés público”, agregaron.
La SNCI se refiere a la justificación que usó Provías para caducar el contrato G2G. Egis, empresa que formaba parte del acuerdo, habría “reconocido actos de corrupción de funcionario público extranjero, en el marco de una Convención Judicial de Interés Público (CJIP), instrumento jurídico validado judicialmente por el presidente del Tribunal de Gran Instancia de París [...]”.
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Ex MTC también rechazaron decisión
Ex titulares del MTC, cartera de la que depende Provías, también salieron al frente, a través de la red social X, a manifestar su rechazo a la decisión tomada por el gobierno de José Jerí.
“El G2G y las PMO no son un “capricho”: elevan estándares, reducen discrecionalidad y gestionan riesgos (...) Cambios así exigen sustento público y legitimidad. Sin eso hay desconfianza, retrasos y sobrecostos“, agregó.
“En lo que sí tenemos certeza, es en lo siguiente: el Perú acaba de abrirse un frente diplomático pues no se resuelve el contrato a una empresa, sino a un Estado, y no se le imputa corrupción a una empresa, sino al Estado de Francia”, planteó.
Lazarte sostuvo también que espera que Perú tenga en sus manos pruebas que acrediten lo que afirmó a través de Provías: Egis comentó actos de corrupción que afectan de manera directa la viabilidad de los proyectos que estaban a su cargo, bajo el PMO.
Aparte, señaló que se esperaría una respuesta de Francia sobre esta problemática. Sin embargo, consultados directamente por Gestión, la Embajada de Francia en el Perú descartó dar alguna declaración por el momento.
