Gestión identificó que, durante el 2024, el Congreso de la República propuso la creación de 37 nuevos distritos, los cuales se sumarían a las 1,891 municipalidades (distritales y provinciales) ya existentes, de acuerdo con una reciente revisión.
Solo en diciembre, en el Legislativo se presentaron siete iniciativas con este objetivo. Todas las propuestas se encuentran derivadas a la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado a la espera de ser analizadas.
El reporte de este diario registró que casi la cuarta parte de estas solicitudes buscan la creación de distritos en Puno. De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esta región ya cuenta con 97 municipios que un presupuesto asignado.
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Otras regiones donde se busca impulsar mayores municipios son Loreto (5), Junín (4), La Libertad (4), Cajamarca (3) y San Martín (3). También aparecen Callao, Cusco, Piura, Apurímac, Huancavelica, Tumbes y Lima Provincias.
Sin embargo, esta intención de incrementar las jurisdicciones en el país también se observó en el 2023, cuando se propuso la creación de 31 más. Al igual que en el 2024, Puno fue la región que abarcó la mayor cantidad, junto a Huánuco y Junín, con la intención de sumar cinco nuevos distritos cada uno.
En este contexto, surge la incógnita de cuál es el impacto de la creación de más distritos y una de las métricas para medir su eficiencia es su avance en el gasto de los presupuestos que se les asigna, su inversión pública.
Revisión municipal
En el 2024, los gobiernos locales fueron el nivel al que más recursos se les asignó, aunque inicialmente no era así: terminaron el año con un presupuesto de S/28,855 millones, un 12% más que el Gobierno Nacional y casi el doble de lo destinado a los regionales. Sin embargo, su eficiencia en el gasto fue la más baja con un 67.8%. A nivel regional, el avance fue de 88.2% y el Nacional de 95.6%.
Un reciente informe de este Diario reveló que, al 29 de diciembre, solo 148 municipalidades registraron un avance mayor al 90% de sus recursos. Mientras que se identificaron, al menos, 44 municipios que ejecutaron el 10% o menos de sus recursos.
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En detalle, al cierre del 2024, se observó que el promedio del avance de inversión pública en 21 de las 26 regiones fue menor al 73%, incluso con casos como el de Lambayeque, donde apenas se gastó el 46.5% de dichos recursos. Allí, la Municipalidad de Cayalti, con uno de los siete mayores presupuesto de la región, gastó solo el 5.1% de los más de S/20.4 millones con los que contaba.
En el caso Puno, el principal foco Legislativo en la creación de distritos, el avance fue de 68.7% durante el año pasado. La Municipalidad de Santa Rosa contó con más de S/23.6 millones de presupuesto y gastó el 53.3%. Otra como la de Unicachi, con recursos por S/1,260,450 tuvo un avance de solo 15.4%. Los proyectos eran la renovación de un puente, la creación de servicios de espacios públicos y ampliación de complejos deportivos.
Impacto
Los expertos consultados coincidieron en que la creación de más distritos es perjudicial para los peruanos, pues atomiza más los proyectos de inversión pública destinado al cierre de la brecha de infraestructura.
“Un mayor número de distritos atomiza más las obras públicas. En lugar de tener concretados más proyectos para la población, solo se dividen en más pequeños. No ayuda a la integración ni a la coordinación entre las propias municipalidades”, comentó Gonzalo Manrique, analista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE).
Camilo Carrillo, Associate Partner de Infraestructura de EY Perú, observó que son varios los distritos con poblaciones menores a los 5,000 habitantes e, incluso peor, con 3,000 a menos. Esto tiene un impacto significativo en los profesionales que están a cargo de cada municipio.
“La probabilidad de tener un buen cuerpo de gerencia pública es bajísima. Hablamos de algunos casos donde el 10% de la población podría estar trabajando en el municipio. Además de atomizar los proyectos, no se tiene el personal ni su capacidad para los procesos de licitación, elaboración de expedientes técnicos, entre otros. Definitivamente, crear más distritos no es una solución eficiente”, apuntó Carrillo.
Un estudio del IPE reveló que, según la reglamentación de la Ley de Demarcación Territorial, solo hasta el 2022, 1,252 municipios no contaban con los criterios para ser distritos. Estos son tener una población mínima de 3,800 habitantes y que su capital albergue, al menos, a 1,200 personas.
Carrillo también señaló que con la creación de más distritos se termina teniendo un mayor presupuesto para remuneraciones, lo que significa menores recursos destinados para obras públicas.
“Por cada US$1 en infraestructura, se aumenta la producción en US$3.0. Pero con el presupuesto en salarios, eso queda allí. Entonces, a más municipios, se tiene menos recursos para obras”, apuntó.
Manrique y Carrillo apuntaron que la solución más eficiente ante este escenario es agrupar los municipios, pero observan que concretarlo es difícil, dado que depende de un factor político.
“Crear un distrito es una medida populista y contraproducente para los habitantes contemplados porque se afecta el cierre de brecha de infraestructura en agua, saneamiento y más. Resolver este escenario es un tema bastante político y difícil porque se trata de las mismas personas que quisieron ‘independizarse’”, subrayó Manrique.
A su turno, Carrillo sumó que, buscando ser prácticos, los municipios provinciales deberían asumir presupuestos de sectores clave, como saneamiento.
“Por ejemplo, la limpieza pública debería estar a cargo de la provincial. En lugar de contratar un camión que basura que se malogra en tres meses, se realiza un solo contrato para toda la jurisdicción”, apuntó. Por último, agregó que el impulso de políticas públicas deben estar respaldadas por evidencia científica, la cual ya mostraba, por ejemplo, que la creación de más distritos es perjudicial.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
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