El Perú cierra el 2025 como el segundo país latinoamericano más demandado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Según el reporte de la institución del Grupo Banco Mundial, hasta el 30 de diciembre, hay un total de 21 casos contra el Estado peruano aún sin finalizar.
Aunque previamente el Perú había “liderado” como el país de la región más demandado ante CIADI, está vez se encuentra solo detrás de México, que sumó 24 casos pendientes.
Los expedientes abiertos para el Estado peruano por controversias con inversionistas llega a superar a lo reportado para países como Colombia (15), Honduras (13), Panamá (11), Venezuela (9), y Argentina (5).
A diferencia del 2024, cuando se sumaron cuatro casos, este año solo se registró un arbitraje adicional: la disputa con el gestor de fondos de inversión Brookfield, registrada en marzo ante el CIADI en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú.
El caso está vinculado a los peajes de la Panamericana Norte y Sur que administra Rutas del Lima, del cual Brookfield es accionista mayoritario. Según se indicó, el gestor consideró que la Municipalidad de Lima y otras entidades han expropiado tramos concesionados a través de una serie de ordenanzas municipales y acciones estatales.
Por ello, Brookfield inicio un procedimiento arbitral para reclamar una restitución de más de US$ 2,700 millones por el valor de Rutas de Lima.
En el CIAID hay un total de 21 casos contra el Estado peruano aún sin finalizar.
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¿Los casos que cerraron en 2025?
Uno de los principales arbitrajes que se concluyeron este año fue la disputa mantenida con Lupaka Gold, que terminó con un resultado adverso para el Estado. Este laudo emitido a fines de junio determinó que el país incumplió obligaciones de protección a la inversión, ordenando el pago de una indemnización a la empresa minera canadiense.
Otro caso que habría culminado recientemente es el de la Concesionaria Peruana de Vías (COVINCA), iniciado en 2021 por una suspensión de cobro de peajes. De acuerdo con la web del CIADI, el tribunal emitió el laudo el pasado 3 de diciembre, pero el resultado aún no se ha hecho público.
Además de estos casos cerrados, algunos continúan generando controversia pese a haber concluido en años previos. Por ejemplo, el proceso vinculado al proyecto del aeropuerto de Chinchero, iniciado por Kuntur Wasi, volvió a cobrar relevancia este año luego de que un juez de Estados Unidos declarara al Perú en rebeldía por no cumplir con el pago del laudo arbitral de aproximadamente US$ 91 millones.
Asimismo, continúa mostrándose en la lista de casos pendientes un arbitraje que originalmente había cerrado en 2024: la controversia con Enagás por la concesión del Gasoducto Sur Peruano.
En mayo, el CIADI resolvió incrementar el monto de la indemnización que el Estado peruano debe pagar, de US$ 194 millones a US$ 302 millones, más intereses y gastos asociados al proceso judicial. Sin embargo, el laudo fue suspendido.
De acuerdo con el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (SICRECI), el pasado 2 de junio, el CIADI registró la anulación y la suspensión de la ejecución del laudo tras una solicitud del Estado peruano. Se prevé que el nuevo laudo se haga público aún hacia mediados del 2027.
¿Mejor o peor que otros años?
Para Ricardo Ampuero, experto en arbitrajes internacionales, el balance del año muestra que la dinámica de los casos en controversia se mantiene similar a los últimos años.
Aunque no existe una única causa que explique por qué el Perú acumula tantas demandas, estimó que casi la mitad de las controversias del Perú en el CIADI tienen origen en los contratos, algo que no ocurre en la mayoría de países.
“Hay casos en donde el diseño contractual no ha favorecido la situación o ha generado que existan distintos puntos de vista entre el concedente y el concesionario, lo que puede explicar varias controversias. Hay una falta de claridad en la redacción de los contratos que podría haber evitado varios puntos de vista distintos entre concedente y concesionario”, comentó a Gestión.
Asimismo, indicó que otro problema recurrente viene siendo la alta rotación de funcionarios y la inestabilidad política, que afectan la forma en que el Estado gestiona sus contratos.
Pese a ello, Ampuero reconoció que existen intentos por corregir estas debilidades, como la decisión de fortalecer el rol de Proinversión como concedente en varios proyectos, “siempre y cuando se sigan apoyando en la parte técnica y que los funcionarios que participaron en el diseño del contrato también formen parte de la ejecución”.
Además de las fallas en los contratos y en la defensa del Estado, Manuel Villa García, especialista en arbitrajes del Estudio Olaechea, mencionó que otra razón que lleva a estas controversias son los actos de corrupción.
A diferencia del 2024, cuando se sumaron cuatro casos, este año solo se registró un arbitraje adicional: la disputa con el gestor de fondos de inversión Brookfield.
Los riesgos que esto trae
Villa García también cuestionó la falta de consistencia del Estado en la gestión de algunos de estos casos, afectando aún más la confianza que se pueda tener en el Estado peruano.
“El SICRESI negoció con Gramercy y logró reducir en US$ 25 millones lo que tenían que pagar por los bonos de la deuda agraria y el Estado pagó. Entonces me pregunto por qué en otros casos no se paga. Se da un doble estándar y no están siendo transparentes (…) Si no hay reglas claras para la inversión, no va a haber inversión”, indicó.
El abogado advirtió que el problema no se limita al ámbito internacional, pues observa que en el derecho interno también hay, cada día, más arbitrajes que no se cumplen con pagar.
En ese sentido, el exministro de Economía y presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC), David Tuesta, apuntó que el principal costo de tener un elevado nivel de litigios no es el gasto en abogados ni las indemnizaciones en sí mismas, sino el costo reputacional.
Tuesta explicó que, desde fuera, la acumulación de arbitrajes suele interpretarse como una señal de debilidad institucional. “La primera hipótesis que surge es que los marcos regulatorios no están suficientemente claros y se prestan a interpretación de uno u otro lado”, señaló.
A ello se suma la percepción de problemas en el funcionamiento de algunas entidades públicas. El representante del CPC recordó que el Perú aparece en el último lugar en el ranking Business Ready del Banco Mundial en cuanto a la valoración del funcionamiento de la administración tributaria y el manejo de litigios.
“Lo que se transmite es que todo se lleva a litigio, y eso no es normal (…) Puede inhibir la participación de inversionistas importantes y serios en un país donde hay sospecha de que las instituciones del Estado no funcionan adecuadamente”, sostuvo.
Este costo reputacional, añadió, a largo plazo tiene impacto sobre el crecimiento económico y la viabilidad fiscal del país.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.
