Tras su aprobación la semana pasada, finalmente se publicó la Ley 32499, que modifica la Ley de Presupuesto 2025 a fin de autorizar el nombramiento del total de profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales de salud contratados bajo el régimen CAS (D. Leg. N° 1057) al 31 de julio de 2022 y registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (Airhsp).
La norma dispone un proceso de financiamiento a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y encarga al Ministerio de Salud (Minsa) emitir la normativa operativa correspondiente.
Cabe recordar que esta medida había sido observada por el Poder Ejecutivo, pero el Congreso de la República la aprobó por insistencia.
LEA TAMBIÉN: EsSalud: asegurados podrán reprogramar sus citas por paro de transportistas
La ley modifica el literal n) del artículo 8.1 de la Ley 32185, ampliando la excepción a la prohibición general de incorporación de personal.
Con el cambio aprobado, el Gobierno queda habilitado para efectuar el nombramiento del 100% del personal de salud CAS 1057, comprendido originalmente en la Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto 2023.
El alcance de este nombramiento cubre al personal del Minsa, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales, siempre que cumplan dos condiciones:
• Haber sido contratados bajo CAS al 31 de julio de 2022.
• Estar registrados en el AIRHSP a la entrada en vigencia de la Ley 31638 (Presupuesto 2023).
El porcentaje autorizado integra también lo ya previsto en normas previas: la Ley 31638 (2023) y la Ley 31953 (2024).
Financiamiento del nombramiento
La Ley 32499 incorpora el nuevo artículo 49.4 en la Ley de Presupuesto 2025, mediante el cual se autoriza al MEF a realizar modificaciones presupuestarias a nivel institucional y programático para financiar la totalidad del nombramiento. Dichas operaciones se ejecutarán:
• A favor del Minsa y de los gobiernos regionales,
• Previo cálculo del costo diferencial para el pase de CAS a nombrado.
Asimismo, se permite que el Minsa y los gobiernos regionales, de ser necesario, efectúen ajustes presupuestarios internos para cumplir con el proceso.
La ley incluye una disposición complementaria final que ordena al Ministerio de Salud elaborar y publicar, en un plazo máximo de 60 días calendario, la normativa que regule el procedimiento exacto para ejecutar el nombramiento autorizado.
Esto implica que, aunque la habilitación presupuestaria y legal ya está aprobada, el proceso dependerá de un reglamento operativo que definirá criterios, etapas, documentación, orden de prelación y demás lineamientos administrativos.
LEA TAMBIÉN: ¿Alcanzar 3 millones más de consultas en EsSalud? La meta si se “inyectara” una mejor gestión
