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Actualmente en el Perú más de 3 millones de personas carecen de agua potable y otras 7.2 millones de alcantarillado, pero lo que se recauda vía tarifas a través de las 50 empresas de saneamiento (EPS), e incluso el gasto que destina el Gobierno nacional para mejorar ese servicio, están lejos de cubrir ese déficit.
Así lo reconoció el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury, durante el foro Cómo Acelerar la Inversión en Saneamiento para el Cierre de Brecha, que organizó Sunass.
En ese foro, el presidente de Sunass, Mauro Gutiérrez, señaló que el nivel de inversiones necesario para cerrar la brecha en los servicios de saneamiento (agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales) a nivel nacional alcanza los S/120,000 millones.
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Gasto del sector
Durante su exposición, el titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) refirió que la ejecución del presupuesto de su sector en proyectos de agua y saneamiento en este año superó los S/1,400 millones, encima de los S/850 millones de años previos, pero señaló que ello resulta totalmente insuficiente.
Además, observó que, a nivel nacional, los niveles de agua no facturada a través de las EPS alcanzan en el mejor de los casos al 60%, pero que no se aprecian planes para su disminución, así como que esas empresas carecen de iniciativas para el mantenimiento de sus plantas de tratamiento de agua.
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Problemas en Lima y Callao
En el caso de Lima y Callao, Whittembury refirió que existe un gran problema, pues si bien hay proyectos de inversión de redes primarias y secundarias (para ampliar el servicio de Sedapal) sin embargo el sistema final de conducción, a través de los colectores principales, no tienen capacidad para soportar dichas redes.
“Los colectores principales no tienen capacidad absoluta para poder soportar las redes por ejemplo de megaproyectos como Profam, como Santa Rosa, no tenemos plantas de tratamiento (de agua potable)”, admitió.
Vale indicar que el citado proyecto comprende la implementación de 6,000 conexiones de agua potable y alcantarillad para el distrito de Santa Rosa, que desarrolla el MVCS a través de su programa Agua Segura para Lima y Callao, con una inversión de S/118 millones.
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Obras de Cabecera
El titular del sector refirió que en la ciudad capital se tienen que hacer proyectos para el bombeo y rebombeo (de agua potable) y el tratamiento de aguas residuales, “pero no podemos hacer absolutamente nada porque (el proyecto de) las Obras de Cabecera no soportan un metro cúbico más”. Refirió que el proyecto de Obras de Cabecera, es (también) un gran problema.
El proyecto de Obras de Cabecera antes mencionado, comprende una iniciativa para la construcción de obras de trasvase de aguas desde fuentes acuíferas ubicadas en la zona altoandina entre Lima y Junín, de forma que Sedapal pueda tener mayor disponibilidad de agua, con una inversión de US$472 millones, y que está en cartera de ProInversión.
“Podríamos anunciar más proyectos, pero la poca capacidad que estamos teniendo en inversión, nos lleva a una situación que, si no tenemos la capacidad de reaccionar en este momento, de juntarnos sobre todo nuestra reguladora (Sunass), el MVCS y ProInversion, no vamos a poder salir adelante”, aseveró.
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En otro momento del evento, el ministro señaló que el tema de discusión hasta ahora es hasta cuándo (el Ejecutivo) va a seguir subsidiando la operación, mantenimiento e inversiones de las EPS, si bien señaló que la tarifa que aplican está retrasada.
Tarifas generan hasta S/1,000 millones al año
Al respecto, en ese mismo foro, el presidente de Sunass, Mauro Gutiérrez, explicó que los recursos propios que generan las 50 EPS a nivel nacional a través de sus tarifas generan una capacidad de financiamiento de entre S/800 a S/1,000 millones por año.
Sin embargo, observó que la ejecución de los recursos obtenidos vía tarifas, y que van a un fondo de inversión para las EPS, está en el orden del 40%, y señaló que el gran problema no es sólo generar recursos para esas empresas, sino su capacidad de ejecución.
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Ejecución demora diez años
Peor aún, refirió que, en promedio, la ejecución de proyectos de saneamiento en el país demora en promedio de diez años, y que a ese paso sólo con tarifas se requeriría más de cien años para cerrar la brecha de déficit de inversiones en ese rubro.
“Dada las condiciones (de restricción del gasto que tienen las EPS) habría que pensar cuánta capacidad de ejecución de inversión tienen, o a lo mejor en lo que deben concentrarse es en la parte de la prestación de los servicios”, planteó Gutiérrez.
Señaló que este último aspecto puede ser un tema de discusión que debe ponerse sobre la mesa “para tratar de ver quizás una especialización en las responsabilidades, para poder ver como atacar esta brecha de inversión tan grande”.
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