La discusión sobre cómo enfrentar la minería ilegal en el Perú cobra mayor relevancia en un contexto en el que recientes iniciativas legislativas podrían terminar debilitando la actividad formal. El dictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas, que plantea cambios al régimen de concesiones bajo la premisa de combatir las denominadas “concesiones ociosas”, ha encendido alertas en el sector por su potencial efecto de abrir espacios a la informalidad y a la ilegalidad.
En ese escenario, especialistas advierten que el desafío no solo pasa por endurecer reglas, sino por fortalecer un modelo que promueva la formalidad, genere empleo con condiciones adecuadas y cierre los espacios que hoy aprovechan las economías ilícitas. De cara a las próximas Elecciones 2026, coinciden en que los planes de gobierno deberán incorporar medidas integrales que combinen control territorial, reformas institucionales, herramientas económicas y un enfoque penal efectivo para enfrentar la minería ilegal sin desalentar la inversión formal.
Arturo Vásquez Cordano, profesor de Economía de la PUCP y director de Investigación de la Escuela de Posgrado GĚRENS, sostiene que la respuesta debe estructurarse sobre cuatro ejes. El primero es recuperar la capacidad del Estado para ejercer control territorial en zonas críticas, mediante una acción coordinada entre la Policía, la Fiscalía, la Sunat y el Ministerio de Energía y Minas.
Otro punto, refiere, es establecer mecanismos de trazabilidad y control en la comercialización del oro. Asimismo, promover alternativas de desarrollo productivo y ordenamiento territorial en las zonas con presencia de minería informal, combinando inversión pública, infraestructura y oportunidades económicas para las poblaciones locales.
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A ello se suma la necesidad de reformar el esquema de formalización minera. “El país necesita un sistema más simple, con incentivos claros, plazos definidos y asistencia técnica”, señala en conversación con Gestión. En esa línea, advierte que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), concebido como temporal, ha terminado prolongando la informalidad al permitir que miles de operaciones permanezcan en una “zona gris” sin cumplir requisitos ambientales, técnicos ni tributarios.
Reformas pendientes y trazabilidad
Para revertir esta situación, Vásquez plantea tres cambios estructurales: establecer plazos definitivos no prorrogables, rediseñar el proceso diferenciado tipos de minería y articular la formalización con controles efectivos en la cadena de valor, especialmente en la comercialización del oro.
En este último punto, enfatiza la necesidad de implementar sistemas de trazabilidad que impidan que la minería ilegal ingrese a circuitos formales. “Es técnicamente viable, pero requiere una estrategia gradual y coordinación entre entidades como el Minem, la Sunat, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Policía y la Fiscalía”, explica a este medio.
Desde una perspectiva económica, Julio Saldaña, director de la Carrera de Administración y Finanzas de la Universidad Autónoma dle Perú, coincide que el control de la cadena, incluyendo el flujo financiero, es clave. Advierte que la minería ilgeal depende circuitos informales de dinero que facilitan el ocultamiento de ingresos.
Es ese sentido, propone fortalecer la dirección de operaciones anómalas, aumentar el intercambio de información entre entidades y exigir registros de la cadena de custodia. “Estas medidas elevan los costos operativos de las redes criminales y dificultan su inserción en mercados formales”, afirma.
Entre las medidas clave para combatir la minería ilegal, Vásquez habla de recuperar la capacidad del Estado para ejercer control territorial en zonas críticas, mediante acción coordinada entre la Policía y otras entidades. Foto: Andina.
Impacto fiscal y distorsiones
Ambos especialistas resaltan en que la minería ilegal genera un impacto significativo en la recaudación fiscal. Vásquez habla de una “doble distorsión económica”: por un lado, se pierden ingresos por impuesto a la renta, regalías y otros aportes; por otro lado, se afecta la competitividad del sector formal.
Saldaña complementa que esta actividad “erosiona los ingresos del Estado” al evitar el pago de tributos y, además, desplaza actividad que podría incorporarse a la economía formal. A ello se suma que el Estado debe asumir mayores costos en vigilancia, intervenciones y recuperación ambiental en las zonas afectadas, reduciendo recusos disponibles para infraestructura y servicios públicos.
Otro efecto relevante es el deterioro de la reputación internacional del país en materia ambiental y de gobernanza minera, lo que puede afectar el clima de inversión, como advierte Vásquez, también exviceministro de Energía.
Fiscalización y rol del Estado
Un punto crítico en la cadena productiva es la supervisión de las plantas de beneficio, muchas de las cuales operan con licencias otorgadas por gobiernos regionales. Vásquez advierte que este esquema enfrenta limitaciones técnicas y presupuestales que dificultan el control del origen del mineral.
En ese contexto, plantea evaluar el fortalecimiento del rol de entidades nacionales de supervisión, e incluso una eventual recentralización parcial en organismos especializados, con el fin de mejorar la fiscalización ambiental, laboral y operativa.
“El próximo gobierno podría evaluar fortalecer el rol de las entidades nacionales de supervisión, e incluso analizar la conveniencia de recentralizar ciertas funciones de fiscalización en organismos especializados como Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) o Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Estas instituciones cuentan con mayor experiencia técnica y mecanismos de supervisión más consolidados a nivel nacional”, señala.
Asimismo, subraya que la minería ilegal debe ser abordada como una economía ilíicita compleja, “vinculada a redes de financiamiento, contrabando de insumos, trata de personas y lavado de activos”. Por ello, considera indispensable articular la política minera con estrategias de seguridad y lucha contra el crimen organizado.
Medidas económicas y desarrollo alternativo
Desde el frente económico, Saldaña enfatiza que las políticas públicas deben diferenciar claramente entre actores criminales y pequeños mineros que buscan formalizarse. En ese sentido, propone combinar sanciones focalizadas con incentivos como asistencia técnica para cumplir exigencias ambientales, simplificación administrativa, regímenes tributarios transitorios y facilidades de acceso a crédito para inversiones en buenas prácticas.
Entre las medidas complementarias que podrían considerar los planes de gobierno, destacan:
- Implementar registros digitales que documenten el recorrido del oro desde su extracción.
- Exigir debida diligencia a compradores y exportadores.
- Aplicar sanciones efectivas a quienes operen sin documentación.
- Promover certificaciones que premien el oro con origen verificado.
Ambos expertos coinciden en que el problema no se resolverá únicamente con medidas de control. Vásquez plantea promover alternativas de desarrollo productivo y ordenamiento territorial en zonas afectadas, mientras que Saldaña sugiere impulsar cadenas agroindustrales, turismo comunitario, agroforestaría y programas de reconversión laboral.
“El próximo gobierno deberá asumir este problema no solo como un desafío minero, sino como un tema central de seguridad económica, ambiental e institucional”, concluye Vásquez.
La minería ilegal en el Perú combina vacíos en fiscalización, debilidad institucional y circuitos económicos ilícitos, lo que plantea retos clave para el próximo gobierno. Foto: Andina.
Enfoque penal: límites en fiscalización y uso del Reinfo
Desde el ámbito del derecho penal ambiental, Roberto Noriega, socio de Noriega, Icaza y Cárdenas Abogados, considera que no existe un vacío legal en la tipificación del delito de minería ilegal, ya que la normativa vigente establece sanciones claras para quienes realicen actividades extractivas sin autorización y con impacto ambiental.
Incluso, precisa que la legislación ha sido recientemente reforzada mediante el Decreto Legislativo N° 1695, con el objetivo de mejorar la persecución de esta actividad. Sin embargo, advierte que el principal problema no radica en la norma, sino en su aplicación, especialmente en la etapa de fiscalización.
Según explica, la supervisión de la pequeña minería y minería artesanal recae en los gobiernos regionales, a través de las direcciones o gerencias regionales de Energía y Minas, las cuales enfrentan limitaciones de personal y amplias juridicciones. “Ha quedado demostrado que es imposible para estas entidades cumplir con el proceso de fiscalización”, sostiene, lo que ha permitido el avance de la minería ilegal.
En cuanto al Reinfo, Noriega advierte que su uso prolongado genera riesgos legales relevantes. Señala que este mecanismo viene siendo utilizado como un “paraguas” o “manto protector” para dar apariencia de legalidad a actividades ilícitas, dificultando que las autoridades determinen el origen real del mineral intervenido y entorpeciendo la labor de la Policía y el Ministerio Público.
Responsabilidad en la cadena y fortalecimiento institucional
Desde la perspectiva penal, también enfatiza que la legislación ya contempla sanciones para los distintos actores que participan en la cadena de valor de la minería ilegal. Esto incluye penas para quienes financian, obstaculizan la fiscalización, trafican insumos o participan en el transporte, almacenamiento y comercialización de recursos de origen ilícito.
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Asimismo, destaca como avance la ampliación de competencias de las fiscalías ambientales para investigar casos vinculados a organizaciones criminales asociadas a la minería ilegal, lo que permite concentrar las investigaciones en una sola carpeta fiscal. “Esto resulta absolutamente favorable desde la persecución penal“, remarca.
No obstante, advierte que esta medida debe ir acompañada de un fortalecimiento real de capacidades. “Se hace necesario procurar un número mayor de fiscales”, indica, al señalar que, al igual que ocurre con las instancias regionales, las fiscalías enfrentan limitaciones para realizar investigaciones y acciones en campo dentro de plazos razonables.
Finalmente, Noriega subraya que el próximo gobierno deberá priorizar el fortalecimiento institucional tanto de las fiscalías especializadas como de las entidades encargadas de la fiscalización, a fin de mejorar la persecución penal y diferenciar con mayor claridad entre la minería artesanal que opera dentro de parámetros legales y aquellas actividades que se desarrollan en zonas no autorizadas y constituyen minería ilegal.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en Periodismo, por la Universidad Tecnológica del Perú, con más de 12 años de experiencia en medios de comunicación. Actualmente escribo sobre política, economía y actualidad.
