El Poder Ejecutivo autorizó la transferencia de recursos públicos para garantizar la organización de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025, en el marco del Decreto de Urgencia Nº 009-2025, publicado recientemente.
La medida otorga facultades excepcionales al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para movilizar fondos de manera inmediata y asegurar que las obras y acciones logísticas avancen sin retrasos. Se autoriza la transferencia hasta por S/ 35 millones 604,883.
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La norma indica que el Gobierno se acoge al numeral 19 del artículo 118 de la Constitución, que permite dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera cuando lo exige el interés nacional.
En este caso, el decreto señala que la ejecución de los Juegos Bolivarianos requiere financiamiento urgente para infraestructura deportiva, habilitación de servicios, implementación técnica y organización operativa.
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Asignación prioritaria de recursos
De acuerdo con lo dispuesto, el MEF queda facultado a realizar las transferencias presupuestarias necesarias hacia los sectores y entidades involucradas, entre ellas el Ministerio de Educación, ProInversión, el Gobierno Regional de Ayacucho y otros organismos encargados del desarrollo de expedientes técnicos y la ejecución de obras.
La medida se sustenta también en la Ley Nº 32037, que declaró de interés nacional los Juegos Bolivarianos 2025 y ordenó al Ejecutivo adoptar acciones “en coordinación con el MEF” para asegurar el financiamiento correspondiente. El decreto de urgencia formaliza esos compromisos y permite acelerar la asignación de fondos sin pasar por los procedimientos ordinarios, considerados insuficientes frente a los plazos del evento deportivo.
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El Gobierno argumenta que los Juegos Bolivarianos constituyen un evento internacional que demanda inversiones inmediatas en infraestructura, movilidad, alojamiento y la puesta en valor de espacios deportivos, especialmente en Ayacucho, sede principal. Sin la inyección de recursos del MEF -señala el decreto- el Estado no podría cumplir los cronogramas fijados por la organización.
La norma dispone que todas las entidades involucradas deberán ejecutar los recursos con carácter prioritario y reportar al MEF y al Congreso sobre su uso y avances, en línea con los criterios de urgencia y excepcionalidad definidos por el Tribunal Constitucional.
