El número total de reportes de operaciones sospechosas (ROS) recibidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sumó 15,446 al cierre de setiembre del 2022, nivel cercano a los 15,522 que se registraron en todo el 2021, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Con el acumulado del año hasta el noveno mes, la UIF-Perú ha recibido 118,409 reportes por parte de los sujetos obligados desde enero del 2010, habiendo un mayor volumen (superior a los 10,000 envíos al año) desde el 2018.
El ROS es un documento elaborado y comunicado por el sujeto obligado (supervisados de la reguladora, notarios públicos, agentes de aduanas, etcétera) cuando se detectan indicios de lavado de activos o del financiamiento del terrorismo.
Asimismo, es un documento reservado únicamente para su tratamiento y análisis inicial por parte de la UIF-Perú. Luego se tramita al Ministerio Público en los casos en que se presuma que hay vinculación con las figuras antes mencionadas.
“La UIF tiene que determinar si estas actividades inusuales reportadas tienen los elementos suficientes para que haya una potencial investigación que haría luego el Ministerio Público. Es una etapa muy preliminar para encontrar una figura de lavado de activos, pues no toda actividad sospechosa termina pasando los filtros de la UIF y terminando en procedimiento legal”, dijo el gerente sénior de Regulación Financiera y FinTech de EY Law, Darío Bregante.
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Actividad sospechosa
En cuanto a los sectores vinculados a estas actividades sospechosas, si bien son los ROS con sectores no identificados la categoría con mayor cantidad (9,946), luego de estos, aquellos donde se han detectado más indicios de lavado de activos son el sector servicios (2,855), comercio (1,013), minería e hidrocarburos (723) y construcción (653). En el 2021, estos sectores también se mantenían arriba en cuanto a número de reportes.
Las operaciones sospechosas reportadas en estos sectores representan, en los primeros nueve meses del 2022, el 19% (servicios), el 7% (comercio), el 5% (minería e hidrocarburos) y el 4% (construcción) del total. La participación es similar a la que se vio en años previos, con excepción de minería, en donde se tenían niveles de alrededor de 10%.
Sectores como manufactura no primaria (110), agricultura (109) y pesca y acuicultura (16) tienen menos preponderancia en cuanto al vínculo con actividades sospechosas de lavado de activos, según los reportes entregados. Esta situación es afín a la de años previos.
El gerente sénior de Regulación Financiera y FinTech de EY Law indicó que las estadísticas van en relación con la relevancia que tienen estos sectores en la economía. Destacó, además, que actividades como minería ya son identificadas como riesgosas respecto al lavado de activos.
“Estadísticamente, por ejemplo, la rama de servicios es importante para la economía (pesa alrededor del 50% del PBI), por lo que es ‘normal’ que haya una concentración (de operaciones sospechosas) en este sector. En minería hay que tener en cuenta que estas actividades tienen mayores alertas de prevención de lavado, con lo cual es común que haya más reportes de actividades sospechosas en este sector”, señaló.
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Agregó que los ROS son “una fuente más” que suma a una potencial investigación del Ministerio Público, por lo que los sectores que hoy se presentan menos relevantes (en base a la cantidad de reportes) no necesariamente permanecen en esa calidad.
“Que no haya muchos reportes para, por ejemplo, pesca no significa que no se puedan abrir procedimientos penales vinculados a este sector. No necesariamente se tiene que partir de los ROS, pues puede haber otras fuentes, como los mismos medios de comunicación, que puedan revelar elementos que pueden generar la apertura de esta investigación”, apuntó.
Según datos de la SBS de manera desagregada por posible delito precedente (de donde vienen los recursos de actividades ilícitas), se destaca que los sectores servicios y comercio tienen una relevancia importante en aquellos tipificados como tributarios, mientras que el sector minero tiene una relación nítida con la minería ilegal.
“Si se habla de grandes empresas mineras, por ahí no está el vínculo, sino que es más bien con la pequeña minería. Como es un sector que mueve mucho capital, es bastante posible que haya empresas cuyos socios mantengan dinero ilícito en sus operaciones. En el caso de servicios y comercio, la aparición de estos sectores está más vinculada a la informalidad y su relación con temas de evasión de impuestos”, indicó el excontralor Fuad Khoury.
Relevancia por tipo de delito
De enero a setiembre del 2022, los delitos precedentes más relevantes, según la cantidad de ROS, son los de delitos tributarios (754), minería ilegal (470), contra el patrimonio (463), administración pública (273), contra el orden financiero (162), tráfico de drogas (155) , contra la libertad (40) y tala ilegal (8), según datos de la SBS.
Respecto a los ROS de todo el 2021, todos los delitos precedentes, a excepción del de administración pública, presentan registros mayores en el acumulado al noveno mes.
Cabe indicar que los Informes de Inteligencia Financiera (IIF) -documento de inteligencia financiera, con carácter confidencial y reservado, que emite la UIF-Perú luego del análisis e investigación de los ROS- desde enero de 2013 a setiembre de 2022 involucran en total US$ 12,833 millones. La mayor participación corresponde a minería ilegal (57%), seguida de defraudación tributaria (12%), delitos contra la administración pública (12%) y tráfico ilícito de drogas (5%).
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Asimismo, si se toma como referencia la última publicación de Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos (ENR) de la UIF (en donde se tiene como criterio principal el monto involucrado en los IIF), los delitos precedentes que representan las principales amenazas son la minería ilegal (nivel de amenaza muy alto), contra la administración pública (muy alto), contra el patrimonio (alto), delitos tributarios (alto) y tráfico ilícito de drogas (alto). Otras tipificaciones tienen una valoración media o baja.
“Son tipificaciones o fuentes usuales. En delitos tributarios podemos encontrar casos de no reporte o declaración de ingresos ante la Sunat. Los delitos contra administración pública están asociados principalmente a las actividades de corrupción pública a través, por ejemplo, de pago de servicios, compra de productos o transferencias de fondos. Los delitos contra orden financiero están asociados a estafas financieras”, señaló Bregante.
Es importante señalar que, según la ENR, los delitos contra el patrimonio hacen referencia a figuras de extorsión a la población más desprotegida y a pequeños comerciantes que carecen de medios para defenderse (cobro de cupos).
“La elevada informalidad en el país va en línea con la relevancia que tienen los delitos de orden tributario. Por otro lado, el Perú es uno de los principales productores de cocaína del mundo, por lo que es normal que el tráfico de drogas esté entre los delitos con mayor amenaza. Del mismo modo, el país tiene una tolerancia y apetito por la corrupción desde hace muchos años, y esto se refleja en los rankings de percepción de corrupción o en casos recientes como el pitufeo en Ministerio de Salud“, dijo Khoury.
Mejor calidad de información
El representante de EY señaló que se esperaría tener hacia adelante una mayor facilidad para identificar bien las actividades sospechosas de lavados de activos de manera preliminar.
“La UIF está haciendo esfuerzos o algunas precisiones para tratar de tener una mejor calidad de datos en los reportes de operaciones sospechosas, pues estos dependen del sujeto obligado. Se está trabajando en implementar una plataforma para dar el mayor soporte al oficial de cumplimiento (la persona natural designada por el sujeto obligado, responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del SPLAFT) y poder así notificar mejor cuál es una operación sospechosa”, indicó.