La minería ilegal que afecta al Perú también es una preocupación para Chile, ante el impacto que esta actividad puede tener en las redes del crimen organizado. Ante ello, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, puso sobre la mesa la posibilidad de cooperar con el país para combatir la salida de minerales extraídos de manera ilícita.
Durante una conferencia de prensa, Kast indicó que, como parte de las reuniones sostenidas con el Gobierno peruano, ha ofrecido apoyo para enfrentar la minería ilegal en zonas fronterizas con tecnología y control portuario.
“Hay un problema serio con la minería ilegal. Nosotros tenemos tecnología suficiente para colaborar, pero también tenemos que asegurar, por ejemplo, puertos seguros para que esa minería ilegal no salga por países vecinos a Perú. Ellos controlarán acá y nosotros ayudaremos a controlar en nuestros puertos”, comentó durante una conferencia de prensa.
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Kast advirtió que si el problema no se enfrenta de manera coordinada, solo se desplaza de un territorio a otro. Por ello, este avance del crimen organizado obliga a que los países de la región evalúen una respuesta conjunta, independientemente de sus diferencias políticas.
“Lo podemos combatir en Chile, pero se va a hacer fuerte en Perú y van a volver sobre nosotros. Queremos colaborar en lo que corresponda a Chile, para evitar que el crimen organizado tenga una línea de negocios aquí en Perú y esperamos que Perú también nos ayude a que eso tampoco se implemente en Chile”, sostuvo.
En el caso del oro, por ejemplo, indicó qué hay muchas dudas sobre cuánto del producto que sale de Perú es de producción de la minería ilegal, por dónde sale, y quién lo compra.
En ese sentido, resaltó que la situación frente a la criminalidad “requiere que nos unamos, así como nos tenemos que unir para evitar la inmigración irregular”.
El presidente electo también se refirió a la posibilidad de avanzar en una agenda legislativa común una vez que concluyan los procesos electorales en Perú. Está agenda, que incluiría los temas de seguridad, inmigración y crimen organizado, se trabajaría con el respaldo de los poderes legislativos y judiciales de ambos países.
