La inversión minera en el Perú alcanzó los US$ 4,177 millones entre enero y julio de este año, un crecimiento de 45% comparado con similar periodo del 2025, según data del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Si bien crecieron todos los componentes (planta de beneficio, equipamiento minero, exploración, infraestructura, desarrollo y preparación, y otros), no en todos hubo la misma dinámica.
En los primeros siete meses del 2026, la inversión en exploración sumó US$ 412 millones, un aumento de solo 2.8% respecto a similar periodo del año pasado. Este rubro representa ahora el 10% del total invertido por el sector, cuando hace un año significaba el 14%.
Además, si se desagrega este valor, de acuerdo con la data del Minem, el crecimiento acotado estuvo explicado en un 30.1% por el gasto realizado por grandes compañías como Zafranal (US$ 57 millones), Poderosa (US$ 46 millones), y Antamina (US$ 21 millones).
ranking de inversión en exploración minera a julio 2026. Fuente: Minem
Sin embargo, el número total de unidades mineras dedicadas a la exploración en el país se ha reducido: alcanzó a 396 en julio último, cuando en igual mes del 2025 llegaban a 418.
Además, esas casi 400 unidades en operación realizan búsqueda de nuevos yacimientos en un total de 286,878 hectáreas, superficie que resulta 14.97% menor respecto a las 337,401 hectáreas que eran sujetas a exploración en igual mes del año pasado.
Esto sucede mientras que en el mismo periodo se incrementó el número de unidades mineras que realizan extracción de mineral: pasó de 733 a 796 en un año, en un área 6.25% mayor.
evolución de la inversión en exploración minera, a julio 2026. Fuente: Minem
Se contrae cartera de proyectos
A la vez, si se analiza la cartera de proyectos de exploración minera a julio, se puede advertir que contiene un menor número de iniciativas y por un menor monto de inversión total que hace un año atrás.
En el último listado que publica el sector, existen 69 proyectos por US$ 757 millones, cuando en julio del 2025 esa misma relación contenía 84 proyectos por US$ 1,039.2 millones.
Asimismo, en la actual cartera de 69 proyectos, solo once de ellos han recibido autorización del Minem para iniciar actividad exploratoria, cuando en el listado de hace un año atrás, 29 contaban con luz verde de ese ministerio para iniciar la búsqueda de minerales.
Entre los que tienen autorización destacan, por su monto de inversión, el proyecto Elida, de Elida Resources, una iniciativa greenfield para exploración cuprífera en Áncash por US$ 15 millones, más dos proyectos brownfield de Hudbay para buscar cobre en Cusco: Caballito y María Reyna, cada uno por US$ 13.3 millones.
Además, a pesar del incremento en el precio del oro, existe solo un proyecto exploratorio aurífero en cartera, Wayra, una iniciativa brownfield de Gold Fields La Cima, en Tacna, por US$ 4.3 millones. No existe ninguno greenfield (nuevo) para buscar este metal precioso, que esté autorizado.
Exploración minera: MINEM agiliza permisos y eleva a 60 el límite de plataformas con evaluación ambiental simplificada. Foto: MINEN
¿Qué explica el retroceso?
Gestión consultó a expertos en el tema para tratar de entender qué provoca esta situación en las inversiones en exploración minera. La conclusión es que aunque existen diversas causas, coinciden que uno de los factores es el avance de la minería ilegal.
Stephani Maita, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), observó que hoy resulta más costoso invertir en exploración. En su opinión, los yacimientos más cercanos a la superficie ya han sido plenamente explotados y ahora se requiere hacer exploración a mayor profundidad, lo que trae mayor complejidad técnica y dificultad de financiamiento.
En ese caso, si bien las grandes compañías tienen la capacidad de obtener financiamiento -y lo hacen para desarrollar proyectos brownfield-, no pueden hacer lo mismo las empresas de menor tamaño o junior, que son los que tienen proyectos greenfield. Además, no están en capacidad de sortear la permisología.
No se respetan los plazos legales
Para Miguel Ángel Soto, socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), el problema es que las empresas solo están invirtiendo en proyectos de exploración brownfield, para expandir sus minas, pero no greenfield, y que el primer riesgo para concretarlas es el administrativo económico, pues de cada 100 proyectos exploratorios solo uno llega a convertirse en una mina.
A ello le sumó que en el sector público no se respetan los plazos legales para la aprobación de los permisos de operación minera. Consideró que por más que se simplifiquen esos procesos, resulta muy difícil cumplirlos, a lo que añadió la complejidad cada vez mayor de negociación con las comunidades donde se asientan los proyectos.
Asimismo, Soto remarcó que definitivamente la minería ilegal es un freno a las inversiones y que hay experiencias de proyectos que se han tenido que paralizar o desmovilizarse por esa problemática, siendo en esos casos la afectación tanto directa como indirecta.
Minería ilegal compite cada vez más con los proyectos mineros formales (Foto: USI)
Ilegales compiten con minas formales
Hay una afectación directa, explicó el abogado de PPU, porque las invasiones de terrenos por ilegales impiden al titular de la concesión acceder a su propia área y ponen en riesgo sus equipos, generando riesgos de inseguridad que llevan a las empresas a retirarse de su zona de operación.
De manera indirecta también, porque los mineros ileales compiten por territorio y por el respaldo de las comunidades. Consideró que buscan ofrecer ingresos inmediatos, o los dan a través de mano de obra, mientras que la exploración en sí no es una actividad productiva.
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Desaliento a la inversión formal
A su turno, Luis Felipe Huertas del Pino, socio del área de minería del Estudio Hernández, cree que uno de los principales problemas por resolver es la falta de acceso al financiamiento de las mineras junior, que son las que suelen emprender exploración greenfield.
A ello le sumó la falta de claridad al tratamiento tributario que les facilite el financiamiento a ese tipo de empresas, aun cuando es un aspecto que se puede resolver, como lo ha hecho, por ejemplo, Canadá.
Por el lado contrario, señaló que en nuestro país la minería ilegal financia su actividad con recursos vinculados al dinero del narcotráfico, que busca “blanquear” sus ingresos (lavado de activos) a través de la compra de mineral obtenido ilícitamente, todo lo cual crea una mayor “competencia” con los mineros formales y desalienta el gasto en exploración.
Un aspecto que puede ayudar a facilitar la inversión en ese rubro, señaló Huertas del Pino, es que se capacite al capital humano en los sectores que deben dar autorización a los proyectos mineros, para que estén en capacidad de cumplir los plazos legales y agilizar esas iniciativas.
Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan. Labora actualmente como analista económico especializado en industrias extractivas, energía y transportes en el diario Gestión.
