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El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ratificó, en segunda instancia, la sanción impuesta a la empresa Telefónica del Perú, que opera bajo la marca Movistar. De acuerdo con la resolución de dicha entidad, en junio del 2023, la Dirección de Fiscalización e Instrucción (DFI) del organismo supervisor notificó a la empresa sobre el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, luego de identificar dos infracciones de categoría “grave” entre el 1 de abril al 30 de noviembre de 2021.
La primera falta estaba relacionada con 32 líneas de servicio público móvil que habrían sido contratadas sin que los usuarios acudieran a una oficina o centro de atención al cliente (CAC). Como segunda infracción, según versa la resolución de Osiptel, no se verificó que el IMEI (código de 15 dígitos que identifica un celular) sea válido en 28 líneas numéricas contratadas, lo cual contraviene con la normativa vigente.
En función de estas dos presuntas infracciones, en marzo de este año, el organismo técnico dispuso sancionar a la empresa de telefonía e internet con 54.9 UIT (unidades impositivas tributarias) equivalentes a la suma de S/282,735. La firma presentó un recurso de apelación, pero el mismo fue desestimado.
Así, Osiptel ratificó la sanción contra Telefónica y dejó agotada la vía administrativa, según la disposición publicada en Normas Legales de El Peruano.
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Sunat cobró a Telefónica más de S/347 millones
En otro suceso conocido hoy, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ejecutó una nueva carta finanza de más de S/347 millones contra Telefónica del Perú. Dicho importe cobrado corresponde al Impuesto a la Renta del año 2000, según resolución del 22 Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima.
De esta manera, la entidad recaudadora logró que se cancele nuevamente parte de la deuda tributaria de Telefónica, pese a las diversas acciones legales implementadas por la empresa para dilatar el pago.
En abril, la Sunat ejecutó un grupo de cartas fianzas por un monto de S/746 millones, como parte de un litigio de Impuesto a la Renta de los años 2000 y 2001. Solo en el primer semestre de este año, la Sunat ha cobrado casi S/1,100 millones de la deuda con la multinacional de capitales españoles, que se mantenía en controversia desde hace más de 20 años.
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