La Cámara de Comercio de Lima (CCL) señaló, recientemente, que la corrupción en el Perú podría convertirse en un obstáculo significativo para el proceso de adhesión del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Este tema fue abordado por Roberto De La Tore, presidente de la CCL, durante el IV Foro Anual de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, evento organizado por la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL.
De La Tore destacó que la corrupción alcanzó el segundo lugar entre los principales problemas de Perú, precedida únicamente por la inseguridad ciudadana. Según datos de la Defensoría del Pueblo, en el primer semestre de este año, se registraron 6,294 casos de corrupción en instituciones públicas, lo que representó un aumento del 9% respecto al mismo periodo anterior.
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La adhesión a la OCDE es vista por el Gobierno peruano como un paso estratégico que contribuiría al desarrollo económico, social y sostenible del país. Sin embargo, el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) sugiere que Perú se encuentra en una situación desafiante frente a los estándares de integridad que caracterizan a los países miembros de la OCDE.
En la medición global del IPC, Perú ocupa actualmente el tercio inferior de una lista de 180 países, manteniéndose en posiciones cercanas a las de Angola, Mongolia y Uzbekistán. Desde 2012, el país descendió 20 posiciones en este índice.
La puntuación de Perú en el IPC es de 33 sobre 100, situándolo entre los países menos favorecidos en términos de control de la corrupción. Comparado con otros miembros de la OCDE, Perú solo supera a México, que también enfrenta problemas de corrupción, delincuencia y narcotráfico. En contraste, Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, con puntuaciones de 90, 87 y 85, respectivamente, están entre los países mejor evaluados en este aspecto.
Durante el evento, Hernán Lanzara, presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL, enfatizó el impacto de la corrupción en la percepción pública. Según cifras de Ipsos, el 57 % de los peruanos siente vergüenza de su país debido a este problema, y el 41 % considera que el sistema de justicia es ineficaz.
Lanzara también señaló que la inseguridad ciudadana, relacionada en parte con la corrupción, es otra causa de vergüenza para el 52 % de la población, indicando una percepción de vulnerabilidad ante el crimen.
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Por otro lado, Ana Reátegui, secretaria de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, subrayó el papel del sector privado en el fortalecimiento de sistemas de gestión de cumplimiento, con el objetivo de alcanzar los estándares éticos, legales y regulatorios requeridos en el ámbito empresarial.
Reátegui explicó que la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, actualizada hasta 2040, prioriza la participación del sector empresarial, la academia, la sociedad civil y la ciudadanía en la lucha contra la corrupción.
Durante su intervención, Reátegui destacó la importancia de la coordinación entre el sector público y privado como una estrategia clave para disminuir la tolerancia hacia actos de corrupción en ambos sectores.
Asimismo, la funcionaria explicó que la colaboración con el sector privado se considera fundamental para avanzar en los objetivos de integridad del país.
El foro contó con la participación de representantes de instituciones públicas, empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil y académicos, quienes discutieron las posibles estrategias para enfrentar la corrupción y sus impactos en la sociedad y la economía de Perú.
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