Más de S/ 3,512 millones no podrían ser recuperados y se constituirían en una pérdida para el Estado, según el reporte de Contraloría. Foto: difusión - GEC
Más de S/ 3,512 millones no podrían ser recuperados y se constituirían en una pérdida para el Estado, según el reporte de Contraloría. Foto: difusión - GEC

La Contraloría reveló que tras una auditoría a la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) se pudo comprobar que el Estado transfirió más de S/ 6,031 millones a empresas del sistema financiero porque 117,673

en la pandemia del coronavirus, permitió a empresas privadas gozar de créditos financieros por más de S/ 57,066 millones con aval del Estado, quien iba a asumir el pago mayoritario de la deuda en caso incumplan.

Según la Contraloría, Cofide no realizó la labor de supervisión posterior a las operaciones de honramiento de garantías para confirmar que los créditos inyectados cumplieron con los requisitos de elegibilidad. De no haber sido así, se hubiera gestionado la restitución de los montos brindados.

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El informe precisa que la entidad solo verifica que la empresa financiera adjunte los expedientes remitidos sobre el proceso de entrega de créditos y omitió comprobar la consistencia de su contenido o validar que los pagados por el Estado cumplan con los requisitos.

En esa línea, advierten que de los S/ 6,031 millones pagados por el Estado solo se recuperaron poco más de S/ 404 millones, equivalente al 6.7%, mientras que S/ 2,115 millones están en proceso de recuperación (35.1%).

COFIDE tampoco supervisó que las entidades del sistema financiero apliquen sus políticas internas de cobranza a las empresas deudoras, añade la Contraloría. Foto: Andina
COFIDE tampoco supervisó que las entidades del sistema financiero apliquen sus políticas internas de cobranza a las empresas deudoras, añade la Contraloría. Foto: Andina

Más de S/ 3,512 millones no podrían ser recuperados y se constituirían en una pérdida para el Estado,

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El MEF precisa que han adoptado medidas para fortalecer la recuperación de la deuda pagada por el Estado con descuentos, refinanciamientos, cesión de cartera y otras medidas para maximizar el margen.

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