El lamentable accidente ocurrido la semana pasada en la Panamericana Sur, donde fallecieron dos trabajadores de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) de la Municipalidad Metropolitana de Lima (antes de Rutas de Lima) y otros fueron heridos, evidencia la precariedad laboral con la que aún se opera en algunos espacios del país.
Dominicales dieron cuenta que, incluso, los trabajadores realizaban sus actividades sin tener contratos laborales, teniendo como una de las implicancias no tener cobertura de seguros. Toda esta situación obliga a revisar, entre otros aspectos, las condiciones de inspección laboral en el país.
Sunafil no puede declarar la desnaturalización de contratos
Sunafil bajo cifras: presupuesto e inspectores
Con la promulgación de su ley a inicios del 2013, a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), se le asigna un presupuesto cada año.
Con este escenario, la Sunafil señaló que, a nivel nacional, cuentan con un total de 849 inspectores, de los cuales 77 son supervisores inspectores, 361 inspectores del trabajo y 411 inspectores auxiliares.
En detalle, para el presente ejercicio, se le asignó a la Sunafil más de S/ 277.6 millones, un monto ligeramente superior con el que terminó el año pasado (S/ 276.2 millones). Pero este total incluye partidas para fines de fiscalización, sanción, así como administrativos.
De dicho monto, alrededor del 47% son directamente para inspecciones de fiscalización de la normativa laboral (S/ 130 millones), identificó Gestión. Una recopilación de este diario apuntó que, en este 2026, por primera vez desde el 2022, el presupuesto con el que acaba la Sunafil un año es inferior al que comienza el siguiente.
Frente al 2019, el presupuesto de la Sunafil para las inspecciones de fiscalización de la normativa laboral ha crecido en casi un 32%. Últimamente, desde el 2022, se tuvo aumentos de entre 2% y 10%.
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En respuesta a este diario, desde la Sunafil indicaron que, en el proyecto de ley de presupuesto público para este año, solicitaron al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la suma de S/ 169 millones solo para estas tareas de fiscalización. “[Se aprobó] S/130 millones, monto que resulta insuficiente para dar brindar un servicio de fiscalización óptimo a nivel nacional”, subrayaron.
Consultados sobre el fortalecimiento de su cuerpo para inspecciones, indicaron: “en estos momentos, la entidad viene desarrollando un concurso público que permitirá, a mediados de febrero, la incorporación de 12 nuevos inspectores auxiliares. Estos profesionales serán destinados a las regiones de Lima Metropolitana, Lima Provincias, Áncash, Ica, Piura, Lambayeque, Loreto y Moquegua”.
“No obstante, es importante señalar que la asignación presupuestal para el presente año ha limitado la posibilidad de convocar a un mayor número de inspectores”, subrayaron.
Una forma de también dimensionar la capacidad de fiscalización laboral es considerando la población ocupada (que cuenta con algún tipo de trabajo, formal e informal) en el país. Según la última información del INEI, al tercer trimestre del 2025, hay más de 17.6 millones de trabajadores. Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, señaló que alrededor de la mitad son dependientes, universo al que sí aplicarían las fiscalizaciones.
De esta manera, se tendría que, en el Perú, se contaría con apenas S/ 14.80, aproximadamente, para fiscalización por cada trabajador al año.
Cabe precisar que la Sunafil cuenta únicamente como fuente de financiamiento los recursos ordinarios autorizados y habilitados por el MEF. En tanto, los provenientes de tasas, ingresos no tributarios y multas que se recauden, al igual que en todas las entidades públicas y según lo dispuesto en decreto supremo desde el 2023, corresponden al Tesoro Público.
Retos para la fiscalización laboral en Perú
Toyama indicó que una de las aristas que se desprenden de la trágica muerte de los dos trabajadores de Emape es que el Perú vive en una persistente “cultura de informalidad”: trabajadores fuera de planilla, laborar sin seguros, entre otros.
Esto se vincula a que no se tienen las herramientas adecuadas para advertir sobre estas irregularidades. “La discusión sobre la fiscalización laboral también debe abordar cómo hacer para que se denuncie con facilidad, cómo establecer un mecanismo eficiente de denuncias en línea y prime la agilidad. Hoy el sistema no lo es, implica correos y esto olvida que, en lo laboral, debe considerarse el anonimato para algunos casos”, refirió Toyama.
La Sunafil cuenta directamente para inspecciones de fiscalización de la normativa laboral con S/ 130 millones. (Fuente: El Peruano)
Silvia Rebaza, Asociada Principal de PPU, recordó que el artículo 4 de la Ley General de Inspección de Trabajo establece que “las empresas, los centros de trabajo y, en general, los lugares en que se ejecute la prestación laboral, aun cuando el empleador sea del sector público o de empresas pertenecientes al ámbito de la actividad empresarial del Estado” son alcanzados por la actuación de la inspección del trabajo.
Es decir, a la Sunafil le habría correspondido fiscalizar a Emape ante una denuncia.
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Otro aspecto a observar en este lamentable contexto, coincidieron los laboralistas, es que las inspecciones de la Sunafil están concentradas, principalmente, en el sector formal, cuando el grueso de los trabajadores es informal. Para ser precisos, según el INEI, el índice es de 70.6%.
“En general, la Sunafil tiene una alta capacidad para atender diversas denuncias diversas, hacen campañas para formalización y más, pero el enemigo principal es la informalidad. Si pudiéramos hilar los reportes de sus inspecciones, se notaría que el grueso de las empresas sancionadas son empresas grandes, no se centran en el otro espacio”, comentó Rebaza.
Aunque la ejecución de su presupuesto para fiscalización presenta un alto nivel, Toyama indicó que se explicaría en que sus visitas son a lugares formales que ya se alcanzaron. “La Sunafil debería estar metida en zonas de informalidad, centros de comercio, galerías y similares”, señaló.
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Este cambio de enfoque pasa, únicamente, por una voluntad política, subrayaron ambos expertos.
“La fiscalización debe llegar a los trabajadores que no emitan nada, pero se observa dinámicas de trabajo. Se tiene que evitar llegar a conocer situaciones de informalidad laboral recién cuando fallecen, como el triste caso de la galería Nicolini”, apuntó Rebaza.
Un factor que sumó la experta, en el marco de las fiscalizaciones, es que la Sunafil debe tener criterios consolidados en todas las partes del Perú, pues se vino observando análisis diferentes.
En tanto, Toyama recordó que el esquema de una Sunafil para un país no es usual en el mercado laboral internacional: en Perú se creó como una excepción a la regla para tener más presente las fiscalizaciones. “Pero, de pronto, no hace sentido que estas funciones estén separadas del MTPE”, puntualizó.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
