En la mañana de ayer, 5 de febrero, en conferencia de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, no perdió la oportunidad de referirse al proyecto de nueva Carretera Central (NCC). Como se recuerda, la ministra dijo a Gestión a mediados de enero que apostarían por renegociar el contrato con el PMO francés (PMO Vías) a cargo de la NCC.
Cabe recordar que PMO Vías es asesor técnico de Provías Nacional y tiene la gestión integral del proyecto: la procura (contratos) y la gestión frente a los consultores.
“El lunes [último] me reuní con el Gobierno Regional de Junín, que respalda el proyecto de la Nueva Carretera Central. Necesitamos una solución definitiva, pero no hay proyecto en la historia del Perú de S/ 24,000 millones o S/ 30,000 millones que se haya hecho como obra pública. El día que les dijeron que se podía hacer, los engañaron vilmente”, sentenció.
En línea con lo que declaró a Gestión el mes pasado, Miralles señaló que el plan era “continuar con los tramos que tengan cierto nivel de avance y para el resto tenemos que buscar fuentes de financiamiento”. “Este es un proyecto clásico para una Asociación Público Privada (APP). Tiene que generar sus propios ingresos para garantizar el financiamiento de la obra y de la operación y mantenimiento”, finalizó.
Sin embargo, una información conocida por Gestión ayer por la noche, por fuentes cercanas al proyecto, remece todo lo dicho: el Perú resolvió el contrato con el PMO Vías, quien no solo está a cargo de la Carretera Central, como asesor técnico, sino también de proyectos clave como la Vía Expresa Santa Rosa y el Puente Santa Rosa (ingreso del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez).
Lo curioso es que si bien la ministra declaró ayer 5 de febrero sobre ver las mejores opciones para concretar el proyecto, ya una carta del día 3 de este mes, de Provías, daba cuenta de la resolución. Es más, un informe del 02 de febrero ya ponía este tema sobre la mesa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
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Las razones de la resolución
En el oficio N° 07-2025-MTC/20, que revisó este diario, la directora ejecutiva de Provías, Claudia Dávila, comunicó al director de Provías, Jaime Rodríguez, el 03 de febrero, sobre la “resolución de pleno derecho de dicho contrato, al haberse determinado, de manera objetiva y debidamente sustentada, la configuración de los supuestos de resolución por causa imputable a Egis”.
¿Quién es Egis? La empresa es la que, justamente, brinda asistencia técnica y servicios de PMO al Perú para asegurar la ejecución de una cartera de proyectos estratégicos, incluyendo la Nueva Carretera Central.
“Se ha verificado que la sociedad Egis Avia, integrante del grupo económico Egis, reconoció la comisión de actos de corrupción de funcionario público extranjero, en el marco de una Convención Judicial de Interés Público (CJIP), instrumento jurídico validado judicialmente por el presidente del Tribunal de Gran Instancia de París [...]”, dice la carta.
Un caso que no está vinculado al Perú, pero que en la carta de Provías se hace un “equivalente”.
El texto agrega: “Los hechos aceptados por Egis constituyen conductas materialmente equivalentes a los delitos de corrupción tipificados en la Sección IV del Capítulo ll del Título XVIII del Código Penal peruano, en particular al delito de cohecho activo transnacional, configurando un ‘acto prohibido’, conforme a la definición contractual pactada por las partes en la Cláusula Primera del Contrato”.
A consideración de Provías, si se mantiene el contrato, pese -según su análisis- “a la existencia de actos de corrupción reconocidos por una empresa vinculada y a la reiteración de sanciones internacionales durante su ejecución”, expondría a Provías Nacional y al Estado peruano a riesgos jurídicos, reputacionales y de responsabilidad funcional.
Carta de Provías, obtenida por Gestión.
Ya esto había sido dado a conocer al MTC en un informe (N° 001-2026-MTC/20.15.3.MCLR) del 02 de febrero, al que también tuvo acceso este diario.
Este informe toma como base documentos compartidos por la Defensoría del Pueblo, de noviembre, que recomendaban reevaluar la resolución del contrato de Estado a Estado, suscito con Egis Villes Et Transports Sucursal del Perú, en aplicación de la cláusula anticorrupción.
Es más, en este documento se recuerda lo que menciona la cláusula anticorrupción del contrato con el PMO.
“Egis declara y garantiza que ni él, ni sus accionistas, el PMO, empresas o personas vinculadas a Egis o al PMO, o cualquiera de sus directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes o agentes, han pagado o pagarán, ofrecerán, así como tampoco intentarán pagar, recibir, u ofrecer en el futuro algún tipo de pago, beneficio indebido, dádiva o comisión ilegal relacionada con la celebración o ejecución del presente Contrato, a alguna autoridad, funcionario o servidor público”, refiere.
Informe del MTC sobre EGIS. Documento obtenido por Gesitón.
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Provías y PMO enfrentados
En un comunicado, el PMO Vías confirmó la información publicada por este diario: “[...] Provías Nacional, entidad adscrita al MTC, ha decidido resolver de manera unilateral y sorpresiva el Acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) suscrito en mayo de 2021, destinado a brindar asistencia técnica de alto nivel para la ejecución de la Vía Expresa Santa Rosa, la Nueva Carretera Central y el Puente Santa Rosa”.
A su consideración, la decisión carece de sustento técnico y jurídico, pues se basa en argumentos “no vinculados a las operaciones de PMO Vías en el Perú y relacionados con supuestos hechos ocurridos años antes de la firma del G2G, en otros países y en proyectos totalmente distintos, para los cuales no existen decisiones judiciales ni arbitrales”.
En resumen, para PMO Vías, se le ha negado el derecho a la defensa y se ha vulnerado principios esenciales como la seguridad jurídica, la buena fe contractual y la proporcionalidad.
Con esto, se abre la puerta para un arbitraje. “PMO Vías insta las autoridades a encontrar una solución inmediata a esta situación, reservándose el derecho de acudir a las instancias nacionales e internacionales con el fin de salvaguardar sus derechos e intereses frente a esta decisión justo cuando las mega obras están a punto de adjudicarse y que, además, amenaza con afectar el desarrollo de proyectos de infraestructura de gran importancia para el país”.
Comunicado PMO Vías. Fuente: PMO Vías
En contraparte, Provías Nacional aclaró: “El acuerdo de Gobierno a Gobierno con Francia sigue vigente y no ha sido resuelto, por lo que la ejecución de estos importantes proyectos continuará de acuerdo a la programación establecida para el presente año”.
“Provías Nacional ha cursado una comunicación de resolución de contrato de la asistencia técnica que tiene con PMO Vías, lo que ha motivado el inicio de conversaciones con dicha empresa, las cuales continuarán en el transcurso de los siguientes días”, detalló.
Es más, Dávila, de Provías, dijo a Canal N que no se ha resuelto el G2G con Francia, sino que se ha pedido que dicho país ponga un nuevo “asesor”, que ya no sea PMO Vías.
Comunicado MTC. Fuente: MTC
Entre reuniones, renegociación y una resolución “sorpresa”
Hay que recordar que el último 27 de enero, en la cuenta oficial de X del MEF, el mismo ministerio, junto al MTC y Provías Nacional, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de PMO Vías y la jefa del Servicio Económico de la Embajada de Francia en Perú y Bolivia, “a fin de realizar una revisión integral del avance de los proyectos, y garantizar la sostenibilidad fiscal, la viabilidad financiera y la adecuada priorización de las inversiones públicas”.
En ese momento, fuentes cercanas al MTC, que estuvieron en la reunión mencionaron que nunca se puso sobre la mesa ni al PMO Vías ni a la jefa de la Embajada de Francia el tema de la renegociación que tanto había sonado o de una eventual resolución.
Gestión le consultó al MEF la semana pasada sobre dicha reunión. La cartera indicó a este diario que “durante la reunión se destacó la importancia de asegurar que los proyectos se desarrollen bajo criterios de sostenibilidad fiscal y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Asimismo, se enfatizó la necesidad de que el MTC continúe realizando una evaluación integral de su cartera de proyectos G2G, considerando su nivel de avance, oportunidades de optimización y su viabilidad presupuestal”.
Con ello se confirmó que efectivamente no se habló de la renegociación tal cual.
En mente del Gobierno ya habría estaba la eventual resolución del contrato con el PMO Vías, aunque no se mencionó apostar necesariamente por la cláusula anticorrupción hasta ese momento.
La ministra Miralles ya había dicho a este diario el 14 de enero que se iniciaría la renegociación de proyectos G2G por falta de recursos, pero en la conversación señaló que en caso no se llegue a buen puerto, “siempre hay cláusulas de resolución de contratos”.
