El Gobierno está cerca de implementar dos cambios fuertes para la inversión pública. Uno es la entrada en vigencia de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas (LGCP) y el otro es la creación del Ministerio de Infraestructura (Minfra). En este contexto, ¿están preparados los funcionarios públicos encargados de las contrataciones en el Estado? Información que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) tiene sobre la capacidad técnica da luces sobre la situación.
Gestión revisó la data más reciente del Sistema Informático de Certificación de Acuerdo a Niveles (SICAN), del OSCE. Este es un requisito obligatorio para todos los profesionales y técnicos que laboran o desean laborar en el área encargada de las contrataciones de las entidades públicas. El SICAN permite corroborar sus competencias.
En la actualidad, hay 18,940 funcionarios con SICAN vigente en el Estado, pero solo el 2% tiene una certificación en el nivel más alto, mientras que el 98% está calificado en “básico”. Para especialistas consultados por este diario, de no revertir estas cifras pronto, la inversión pública se expone a riesgos de paralización preponderantes.
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Delicada realidad
El SICAN tiene tres niveles de calificación y sus resultados son renovables. Cada dos años, los funcionarios públicos deben rendir un examen de capacidades y presentar documentos que acrediten su experiencia laboral (general y específica).
El primer nivel es el básico. Para esta certificación, el funcionario debe conseguir 30 puntos como mínimo. Aparte, debe acreditar ante el OSCE su egreso universitario o técnico, tres años de experiencia laboral general y uno en logística pública y/o privada.
El siguiente grado es el intermedio. Para este nivel, se debe contar con un bachiller o título profesional técnico, cinco años de experiencia general y dos en contratación pública. Aparte, registrar 43 puntos o más en el examen.
El último y más importante nivel es el avanzado, para el que se piden 58 puntos o más en la prueba. En este caso, además de los requisitos de los grados previos, se requiere siete años de experiencia laboral general y cuatro en contratación pública.
Los datos del OSCE, al 18 de agosto del 2024, indican que solo 410 funcionarios públicos cuentan con un SICAN vigente de nivel avanzado, es decir, el 2% del total.
De los 18,940 funcionarios con SICAN vigente, el grueso de trabajadores labora bajo la modalidad CAS o son locadores y están en el nivel básico. Esto significa que los trabajadores de “planta” son menos y tampoco están altamente calificados. De los 410 con nivel avanzado, la mayoría está en Lima (283). Lo alarmante es que hay regiones donde no hay ningún funcionario con este nivel, como Loreto e Ica, y en el resto no superan los 20.
“Está altamente relacionado a la calidad de la prestación de los servicios públicos, por ejemplo, en la Amazonía. Esta ausencia de personal debidamente capacitado, con los más altos niveles, nos pasa la cuenta y la pagamos todos los ciudadanos. Es lamentable”, señaló al respecto Karla Gaviño, profesora de Gestión Pública en la Universidad del Pacífico (UP).
Para la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), esta realidad explica por qué la contratación pública es lenta y mal ejecutada por el Estado, pues no hay funcionarios probos para realizar desde Términos De Referencia (TDR) hasta contratos.
“Esto significa, primero, que no hay suficiente difusión del SICAN y, segundo, que hay una deficiencia del Estado por remarcar su obligatoriedad y así conducir a los funcionarios encargados de la contratación a tener la máxima certificación. Eso garantiza que conocen lo suficiente para encabezar una licitación o similares”, mencionó César Cándela, su director ejecutivo.
Consultados por Gestión sobre este panorama, desde el OSCE reconocieron esta realidad de los funcionarios públicos encargados de contratar obras. “En efecto, existe un número mayoritario de certificados en el nivel básico, lo cual ha llevado a tomar varias acciones a fin de poder ir, progresivamente, equilibrando dicha cantidad”, respondieron.
Una de las medidas adoptadas es brindar gratuitamente “una gran variedad” de cursos masivos, videoconferencias y talleres autoinstructivos con la finalidad de fortalecer capacidades y conocimientos en materia de compra pública.
Además, revelaron que están trabajando para implementar un “modelo mejorado de certificación”. Este se enfocará en mejorar la aplicación práctica de los compradores públicos en su entorno laboral y, además, incluye el desarrollo de habilidades blandas, las cuales resultan imprescindibles en la toma de decisiones en un comprador.
En este sentido, el OSCE también explicó que mejorar la capacidad técnica de los funcionarios no es solo su trabajo, sino una compartida con otros. “El OSCE es parte [de hacer estos trabajos], así como también del sistema administrativo de recursos humanos (Servir). De esta manera ha sido reconocido en la recientemente aprobada LGCP”, aseguraron.
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Expuestos
¿Será suficiente lo que el OSCE está emprendiendo? Los expertos consultados por Gestión esperan que las medidas resulten, ya que los riesgos de que no funcione son altos. A falta de reglamento, en 2025 estaría vigente ya toda la nueva LGCP.
“El SICAN está fuertemente vinculado a la ley. Pero hay otros marcos para contratar infraestructura, como las APP, OxI o el G2G. Todo eso se ha insertado en la nueva ley. Hace más grande el reto”, advierte Candela, también exmiembro del Consejo Directivo del OSCE.
De hecho, el mismo Poder Ejecutivo ya lamentaba los pocos SICAN avanzados en el Estado cuando presentó el proyecto que dio pie a la nueva LGCP. “El problema aquí es que, si bien existe la política de mejora de la capacidad del Recurso Humano, su aplicación no es auspiciosa (...) se reporta que, para el año 2020, solo se alcanzó un máximo de 223 certificaciones”, se lee en el documento.
A ello, claramente, hay que sumarle lo que significaría implementar un Minfra con el nivel actual de capacitación de los funcionarios. Para Gaviño, es evidente que la composición del SICAN “se hará sentir” en el nuevo ministerio.
“Si la mayoría son básicos, los resultados son acorde a ese nivel. De cara al Minfra, es un tema para tener en el radar. Ya empieza con incógnitas, retos operativos, políticos y de gestión. Aparte heredan corrupción de las unidades ejecutoras que absorberán”, analizó.
Ambos especialistas coincidieron, por eso, que el Estado requiere una campaña agresiva de capacitación con la urgencia que tanto el Minfra y la LGCP representan. “No hay que esperar que salten los problemas. Ya sabemos que el Minfra tendrá dificultades y que tendremos una nueva LGCP que necesitará de una curva de aprendizaje”, mencionó Gaviño.
“Hay que encontrar el mecanismo para que todos estén capacitados al máximo nivel. Si tendremos un ministerio como el que se busca, deben estar los funcionarios más capacitados, no con niveles intermedios o elementales”, agregó Candela.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción, saneamiento y economías ilegales.
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