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Crece el número de empresas locales en situaciones de crisis que entran a un proceso de liquidación, sea mediante la Ley General del Sistema Concursal (LGSC) de Indecopi o bajo las normas contenidas en la Ley General de Sociedades.
Al revisar los avisos de liquidaciones societarias publicados en el diario El Peruano, en 2023, se tiene más de 1,200 operaciones privadas y 48 concursos iniciados por pequeñas y medianas empresas con deudas que superan los US$ 20,000 y cuyos activos no son suficientes para cubrir dichas obligaciones, señala José Jiménez, socio en Rebaza, Alcázar & De Las Casas.
Según el especialista, si bien los procesos concursales de Indecopi también sirven para refinanciar y reestructurar deudas, se han vuelto una norma -básicamente- para atender liquidaciones.
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“Lo que más hubo en 2023 fueron liquidaciones de empresas, en los últimos años hemos visto un repunte, después de la pandemia cuando estas operaciones alcanzaron hitos históricos la tendencia ha sido creciente”, dijo a Gestión Gerardo Guzmán, Jefe del área de reestructuraciones e insolvencias de Rubio Leguia Normand.
La mayoría de los negocios que entran a liquidación se declaran en quiebra pues son empresas totalmente depreciadas que, ante la debilidad de la economía y los altos costos de financiamiento, tienen poca probabilidad de ingresar a un periodo de refinanciamiento o reestructuración, añadió.
Indecopi
En tanto, Marcia Arellano, socia en Rebaza, Alcázar & De Las Casas, anotó un aumento en la preferencia de liquidaciones a través de la Ley General de Sociedades, en detrimento del mecanismo de Indecopi.
En 2022, la Comisión de Procedimientos Concursales (CCO) del Indecopi inició 58 procedimientos, cifra superior a la reportada en 2023.
“No está siendo muy eficiente ir por el sistema concursal para liquidar empresas, aunque es más transparente de cara a los acreedores, sin embargo, se convierte en un mecanismo lento y oneroso, difícil de soportar por medianas o pequeñas empresas”, comentó.
Detalló que la solicitud para el acogimiento a este proceso -que incluye la etapa de evaluación- tarda en la práctica entre cuatro y seis meses, a pesar de que el plazo máximo para absolver requerimientos es de 90 días hábiles.
Luego, pueden pasar hasta 15 meses para que la junta de acreedores se reúna y decida liquidar la compañía, refirió. En contraste, una liquidación societaria privada solo implica el acuerdo de los accionistas donde se designa al liquidador y se ejecuta el procedimiento, añadió.
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Refinanciaciones
Por su parte, Jiménez prevé que el 2024 sería un año de mayores refinanciaciones de deuda, pues las tasas de interés ya no están subiendo, la inflación cede, el ámbito político se sostiene sin mucho ruido y El Niño podría no tener efectos muy graves.
“Hay muchas empresas medianas muy apalancadas (endeudadas) que no han hecho inversiones en capex, ni les han ampliado líneas de capital de trabajo, la inversión cayó mucho en los últimso 12 meses, los costos subieron, vimos efectos negativos de eventos externos y locales; todo ello provocó que las estimaciones de crecimiento no se concreten y las compañías van a necesitar salir a refinanciar o reestructurar sus deudas”, expresó.
Guzmán coincide con la tesis de un mayor número de refinanciaciones que, aunque afecta su riesgo crediticio, es más leve que una reestructuración para afrontar una crisis empresarial, pues incluye no solo obligaciones bancarias sino con proveedores e incluso tributarias.
Los especialistas incluyen entre los sectores con mayor posibilidad de refinanciación a empresas pesqueras, agroindustriales, de construcción y logísticas.
- 249,928 millones de soles es la deuda registrada por las empresas a noviembre de 2023, según el BCRP.
- 20 meses podría tardarse en llegar a un acuerdo liquidatorio mediante el proceso de Indecopi.
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Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.
