La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República tiene previsto votar en los próximos días un predictamen que busca suspender el registro en centrales de riesgo -como Infocorp- cuando las deudas no son reconocidas por los usuarios.
El pasado lunes 10 de junio, en una sesión realizada en la citada comisión, inició el debate de este predictamen, elaborado en base al proyecto de ley N° 6317/2023-CR, presentado por la congresista Katy Ugarte (Bancada de Unidad y Diálogo Parlamentario).
La iniciativa legislativa tiene por finalidad brindar una mayor protección al usuario del sistema financiero que, siendo víctima de una deuda no reconocida, por ser fraudulenta o no consentida, ha sido reportado en las centrales privadas de riesgo y en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Por ello, dispone la suspensión preventiva de la publicación de su anotación en dicho registro, hasta que se demuestre su responsabilidad, a efecto de proteger la imagen financiera y salud emocional de los usuarios.
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Cabe anotar que actualmen el numeral 42.4, del artículo 42 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, respecto a la información sobre los consumidores en centrales privadas de riesgo, señala que “la información que haya originado una anotación errónea debe ser retirada inmediatamente, bajo responsabilidad y costo de la misma central de riesgo”.
No obstante, al citado numeral del código, el proyecto de ley agrega el siguiente texto: “La central de riesgo debe suspender preventivamente la publicación de la información de aquel deudor reportado como moroso, cuando haya tomado conocimiento que existe en trámite un proceso de reclamación por deuda no reconocida, hasta que, habiéndose agotado la vía administrativa, se haya demostrado la responsabilidad del usuario”.
Al sustentar el proyecto de ley en la sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor, la congresista Katy Ugarte refirió que hay un incremento de denuncias de operaciones no reconocidas por los usuarios, tras ser víctimas de la delincuencia.
Agregó que muchas veces los usuarios víctimas de estas operaciones no reconocidas, se dan cuenta de las mismas cuando ya están reportados como morosos en las centrales de riesgo; sin embargo, ellos no pueden pedir que se les retire de este registro, pues, su entidad financiera los reportó negativamente, y deben esperar la conclusión del proceso de reclamación o revisión de esta deuda ajena, para que la entidad financiera remita la nueva información y se pueda eliminar su inscripción en el registro de morosos.
“Sin embargo, debido a los plazos que las entidades del sistema financiero tienen para resolver los reclamos, hacen que los usuarios deban esperar varios meses para que esta inscripción negativa en las centrales de riesgo desaparezca. Esto provoca un alto grado de malestar en las víctimas. No es justo que en todo este proceso de reclamo la persona esté mal reportada en la central de riesgo”, criticó la congresista.
El proyecto de ley fue votado en aquella sesión, pero no alcanzó los votos suficientes para su aprobación ni para su rechazo. Ante ello, la congresista solicitó una reconsideración de la votación. El pedido fue acogido por el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Wilson Soto, quien indicó que someterá el proyecto a nueva votación en una próxima sesión.
Asimismo, Wilson Soto anunció que convocará a sesión extraordinaria de la comisión, a realizarse días después del cierre de la legislatura del 15 de junio, para poner a votación este y otros proyectos de ley pendientes.
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Al respecto, Fiorella Zumaeta, socia del estudio Miranda & Amado y especialista en temas de Protección al Consumidor, refirió que si bien el proyecto de ley tiene buenas intenciones, genera riesgos de efectos negativos.
“En primer lugar, muchas personas que tienen deudas tendrían incentivos para plantear reclamos y así evadir el reporte en las centrales de riesgo; pues ya no se generaría el reporte hasta que el reclamo haya sido resuelto”, sostuvo.
Un segundo efecto negativo de la medida sería generar incertidumbre en el mercado, pues las entidades financieras ya no tendrían certeza de la real capacidad de pago de las personas, ya que no contarían con todos los reportes de deudas. Esto impactaría en el costo de los créditos, elevando las tasas de interés de los préstamos.
“Cuando hay más certeza de la capacidad de pago de una persona, las tasas son menores; y por el contrario, a mayor incertidumbre, las tasas de interés suben. Esto afectaría a los usuarios”, subrayó Zumaeta.
La especialista agregó que la solución al problema reportado por los usuarios va de la mano con una mayor fiscalización del Indecopi para que los reclamos sean resueltos de forma más célere y sancionar los casos de reportes indebidos en centrales de riesgo o demoras en las rectificaciones. “La regulación ya existe”, apuntó.
Por su parte Rolando Castellares, especialista en derecho bancario, refirió que el proyecto tendría sustento, siempre que las negativas de la veracidad de las operaciones hayan sido declaradas fundadas administrativa o judicialmente.
“No basta negar una operación, sino que sea verdad que el cliente fue suplantado. Debiendo la carga de la prueba ser de cargo del banco y no del usuario suplantado, lo que debería agregarse en el proyecto”, sostuvo.
Para Castellares, el proyecto resulta incompleto. “Tampoco veo medida de sanción alguna a quien falsamente niega una operación, con el propósito de no figurar en la central de riesgo”, refirió.
Asimismo, indicó que el proyecto “se limita a suspender la publicidad de la mora, que es ya la consecuencia, sin incluir medidas que eviten las operaciones falsas”, anotó.
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Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.
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