
El Poder Judicial oficializó el cese del juez supremo titular César San Martín Castro, quien dejó el cargo al alcanzar el límite de edad de 70 años. Con su salida, se concretó una reorganización en la conformación de las salas de la Corte Suprema, conforme a la resolución administrativa N.º 000470-2025-P-PJ, firmada por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello.
Como parte de esta reestructuración, el magistrado Víctor Prado Saldarriaga fue designado nuevo presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, cargo que hasta este año ocupaba San Martín. La sala queda integrada además por los jueces supremos Manuel Luján, María del Carmen Altabás, Saúl Peña Farfán y Sara Maita Dorregaray.
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En tanto, la Sala Civil Permanente continuará bajo la presidencia de Ana María Aranda, mientras que la Primera Sala de Derecho Constitucional será encabezada por César Proaño. Por su parte, la Sala Penal Transitoria tendrá como presidente a Jorge Luis Salas Arenas, expresidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
La nueva conformación de las salas supremas entra en vigencia a partir de este miércoles 31 de diciembre de 2025. La vacante dejada por San Martín Castro deberá ser cubierta por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), entidad encargada de nombrar a un nuevo juez supremo titular.

En su última jornada de funciones, el Poder Judicial realizó una ceremonia de reconocimiento en la que la presidenta Janet Tello destacó la trayectoria de San Martín, subrayando su desempeño caracterizado por el rigor técnico y la defensa de la función jurisdiccional frente a presiones políticas y mediáticas.
César San Martín es considerado uno de los principales especialistas en derecho procesal del país. Durante su paso por la Corte Suprema presidió instancias clave, entre ellas la Sala Penal Especial que condenó al expresidente Alberto Fujimori a 25 años de prisión por los casos Barrios Altos y La Cantuta.
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En su discurso de despedida, el magistrado enfatizó la necesidad de preservar la independencia judicial y la relevancia del derecho internacional, al advertir que el Estado peruano no puede desconocer las decisiones de tribunales internacionales.








