Solo el 18% de los hospitales e institutos evaluados entre 2022 y 2025 en el país podría continuar funcionando ante la ocurrencia de un desastre, alertó la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES). El resto presenta distintos niveles de vulnerabilidad que podrían comprometer la continuidad de los servicios de salud frente a un sismo, inundación u otra emergencia.
Entre los principales riesgos se encuentran daños en la infraestructura estructural y no estructural, interrupciones en el suministro de insumos médicos y deficiencias en la gestión del riesgo. La cifra se obtiene a partir del Índice de Seguridad Hospitalaria (ISH), desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y adoptado por el Ministerio de Salud (Minsa) como parte de su política de Hospitales Seguros frente a los Desastres.
El análisis considera 100 hospitales e institutos, equivalentes al 56% del total de establecimientos. El ISH evalúa 145 componentes vinculados con la seguridad y capacidad de respuesta de cada establecimiento y los clasifica en tres categorías según su posibilidad de continuar operando durante y después de un desastre.
La categoría A agrupa a los establecimientos que probablemente mantendrían su funcionamiento durante una emergencia y concentra solo al 18% de los hospitales evaluados. En la categoría B se encuentra el 36%, correspondiente a establecimientos cuya capacidad de funcionamiento podría verse comprometida.
Finalmente, el 46% está en la categoría C, que comprende a los centros con mayor probabilidad de no poder continuar operando durante ni después de un desastre.
El impacto de no estar preparados
La vulnerabilidad de la infraestructura sanitaria frente a los desastres ya ha tenido consecuencias en el país. Tras el terremoto de Pisco de 2007, el Hospital Antonio Skrabonja quedó destruido y el Hospital San Juan de Dios sufrió daños, por lo que ambos tuvieron que ser reubicados y reconstruidos.
“El problema no es solo que la estructura del edificio se vea comprometida. Es que, cuando eso pasa, se pierden camas, quirófanos, bancos de sangre, y esa capacidad no se recupera de un día para otro. Reconstruir un hospital toma años y una inversión enorme, mientras que la gente que necesita atención sigue llegando todos los días”, explicó Giacomo Puccio, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).
El terremoto de 2007 provocó la pérdida de al menos el 62% de las camas hospitalarias de Ica, lo que dificultó la atención de las víctimas. Debido a la gravedad de sus condiciones, más de 800 pacientes tuvieron que ser trasladados a hospitales de Lima por vía aérea o terrestre, según datos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
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Prevenir antes que reconstruir
Ante este escenario, la prevención puede representar un menor costo frente a la reconstrucción de un establecimiento de salud. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, incorporar medidas de protección frente a fenómenos climáticos desde la etapa de diseño de un nuevo hospital puede incrementar la inversión en alrededor de 4%. Sin embargo, estas medidas pueden reducir pérdidas humanas y evitar elevados costos de reconstrucción.
En el Hospital de Ventanilla se pudo verificar un problema de equipamiento médico inoperativo y un déficit de profesionales especializados. Foto: Contraloría
En el caso de los hospitales existentes, proteger los equipos y otros elementos no estructurales representa alrededor del 1% de la inversión realizada en la obra y puede resguardar hasta el 90% del valor del hospital, además de contribuir a que el establecimiento mantenga su capacidad operativa durante una emergencia.
“No todos los hospitales necesitan lo mismo ni con la misma urgencia. Los hospitales en categoría C del Índice de Seguridad Hospitalaria, que requieren acciones urgentes para garantizar la continuidad de servicio y la seguridad de los pacientes y el personal médico, deberían ser prioridad. Sin embargo, no sabemos en qué situación se encuentran más del 40% de los hospitales del país, y eso hace imposible priorizar y planificar. Debemos pasar de la incertidumbre a una evaluación clara, y de la evaluación a una intervención efectiva”, concluyó Puccio.
