El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, informó que los internos considerados de alta peligrosidad serán trasladados progresivamente a penales especialmente acondicionados, con estrictas medidas de seguridad y mayores restricciones, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.
Según explicó, la estrategia contempla reubicaciones a nivel nacional y de manera paulatina hacia establecimientos penitenciarios ubicados en zonas alejadas o con condiciones geográficas y tecnológicas que impidan cualquier comunicación ilícita desde el interior de las cárceles. “Paulatinamente van a ser reubicados todos los de alta peligrosidad en tres o cuatro penales definidos”, señaló en declaraciones a la agencia Andina.
El jefe del Gabinete precisó que estos internos no tendrán contacto con reos primarios, quienes serán derivados a penales con garantías de seguridad, pero sin convivencia con delincuentes de alta peligrosidad. En esa línea, adelantó que establecimientos como el penal de Lurigancho estarán destinados principalmente a internos primarios que no hayan cometido delitos de especial gravedad.
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Álvarez Miranda agregó que se evalúa limitar las visitas a los reos de alta peligrosidad a una sola vez al mes y exclusivamente de familiares directos. Indicó que este régimen responde a que las visitas constituyen beneficios penitenciarios y no derechos fundamentales, por lo que pueden ser restringidas de manera proporcional y razonable.
Asimismo, destacó que el Ejecutivo ha avanzado en la promulgación de normas vinculadas a la seguridad ciudadana, en el marco de las facultades delegadas por el Congreso, entre ellas la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir).
El premier Ernesto Álvarez indicó que paulatinamente serán reubicados todos los reos de alta peligrosidad en tres o cuatro penales definidos. Foto: Gob.pe.
Requisas en Barbadillo
En otro momento, el titular de la PCM sostuvo que las requisas en los establecimientos penitenciarios son permanentes y alcanzan también al penal de Barbadillo, donde permanecen recluidos expresidentes. Explicó que estas acciones responden al riesgo constante de ingreso de objetos prohibidos, debido a la posible intervención de malos funcionarios.
Precisó que Barbadillo no constituye una excepción y cuenta con un reglamento propio que establece que cualquier medio tecnológico debe contar con autorización y estar orientado a la resocialización de los internos. En caso de hallarse dispositivos no permitidos durante las inspecciones, estos serán decomisados.
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Además, informó que se iniciaron investigaciones tras detectarse cámaras de seguridad desactivadas en dicho penal. Frente a los cuestionamientos de las defensas legales de algunos internos, afirmó que “no cabe la protesta”, ya que la inspección permanente es una responsabilidad del Estado y está directamente vinculada a la seguridad y la integridad de los propios reclusos. “Lo que se quiere también es preservar la integridad de cada uno de los internos, sean importantes o sean socialmente no importantes“, finalizó.
