El ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento dio por concluida la designación de Jonatan Ríos Morales como director ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) de dicha cartera.
La decisión la adoptó días después que Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, inició diligencias previas en contra de la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar.
Los hechos están vinculados a la designación presuntamente irregular de Jonatan Ríos Morales, director ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) de dicha cartera.
De acuerdo a la Resolución Directoral N.° 014-2024-VIVIENDA-OGGRH asumirá el cargo en su reemplazo Nestor Alfonso Supanta Velásquez.
¿De qué trata la denuncia ?
El pasado 8 de enero del 2023, cuando Ríos Morales fue designado en dicho cargo; sin embargo, un año después la Contraloría General de la República detectó irregularidades en su nombramiento debido a que no contaba con los requisitos necesarios para el puesto, según reveló Punto Final.
A raíz de ese informe, Pérez de Cuéllar dio por concluida la designación de Ríos el pasado viernes 5 de enero. Un día después de este suceso, el Ministerio de Vivienda publicó una resolución en la que cambia las reglas de juego en el perfil que necesitaba Ríos para ocupar dicho puesto.
Cuatro días después de la modificación de los requisitos, Ríos Morales volvió a ser designado como Director Ejecutivo del PNSU.
Al respecto, el abogado penalista Cristhian Castillo consideró que en este caso se estaría cometiendo el delito de colusión agravada y que llegaría hasta la propia ministra.
“Estamos hablando de un delito que ha cometido la ministra y un delito que ha cometido el director. ¿Por qué? Porque se ha nombrado a alguien y alguien ha aceptado un cargo que no tiene los requisitos de ley. Eso está establecido por el Código Penal tiene una pena vigente y es un delito”, dijo a dicho medio de comunicación.
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¿Qué requisitos debía cumplir para el cargo?
De acuerdo al dominical, el Ministerio de Vivienda establecía que para este cargo necesitaba diez años de experiencia en el sector público en cargos afines. Además, esa norma establecía que debía tener un posgrado o especialización.
En el nuevo clasificador de cargos que se modificó, se señala que se necesitan cuatro años de experiencia; es decir, ahora se piden seis años de experiencia menos. Ahora tampoco es necesario tener un título profesional de carreras afines.
Ríos, que es investigado por el cobro de una supuesta coima de más de S/1 millón, aseguró a Punto Final que no hay cambios en los requisitos para su contratación.
Pese a haber sido separado del cargo, el funcionario viajó a Piura y seguía realizando actividades para el Ministerio de Vivienda. Al respecto, este declaró que viajó con sus propios recursos a dicha región.
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Contrató a su entrenador personal
Ríos Morales también se encuentra en el ojo de la tormenta por otro hecho. El portal “La Encerrona” denunció que este funcionario contrató a su entrenador personal, Henrry Vega, a fin de que realice sesiones de actividad física a trabajadores de su programa, un servicio para el que se desembolsó S/27,000.
Entre febrero y noviembre del 2023, el directivo contrató a su preparador físico para que dirija “pausas activas” a pedido del área de recursos humanos del PNSU.
De acuerdo al buscador de proveedores del Estado, Vega concursó cinco veces para brindar las sesiones y en todas ganó contra otros postores. Finalmente, recibió del Estado cuatro pagos de S/ 6,000 y uno adicional de S/ 3,000.
Respecto a este tema, el Ministerio de Vivienda indicó, a través de un comunicado, que las “pausas activas” se enmarcan en la ley de seguridad y trabajo, así como aseguró que la contratación de Vega fue realizada conforme a la normativa interna.
Cabe recordar que no es la primera vez que Ríos Morales realiza dicha contratación. En el año 2022, cuando se desempeñaba como gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Jorge Muñoz, requirió los servicios de su entrenador personal.
En ese periodo, el municipio emitió nueve órdenes de servicio por S/ 22,000 para su entrenador y allegado.
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