
El Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo del Perú (SITRADEP) emitió el Pronunciamiento N.° 002-2026 en el que rechaza el accionar del actual defensor del Pueblo, Josué Manuel Gutiérrez Cóndor, al considerar que se ha desnaturalizado el rol de la institución en favor de intereses políticos y personales.
En el documento, el gremio sostiene que la Defensoría, creada para proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía, ha sido utilizada para presentar recursos legales —como amicus curiae— en casos controversiales, entre ellos los vinculados a Daniel Urresti y Vladimir Cerrón Rojas.
Según el sindicato, estas intervenciones contradicen los principios de independencia, neutralidad y defensa de las víctimas que rigen a la institución.

Denuncian patrón sistemático que contraviene pepel de la Defensoría
El SITRADEP advierte que estos hechos no son aislados, sino que configuran un “patrón sistemático” que invierte el mandato constitucional de la Defensoría.
Asimismo, señala que esta situación pone en riesgo la acreditación “A” otorgada por la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, lo que podría limitar la participación del Perú en instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
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“El Subcomité de Acreditación de GANHRI ha iniciado en 2026 una revisión especial del estatus de la Defensoría peruana, poniendo en riesgo la acreditación “A” que habilita a la institución a intervenir ante la CIDH y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La pérdida de esa acreditación no sería solo una sanción al titular: sería un daño irreversible al instrumento que todos los peruanos tienen frente al poder del Estado. Las y los trabajadores nos negamos a ser cómplices pasivos de ese desastre institucional", apuntó.
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Sindicato exige la renuncia inmediata de los funcionarios
Ante este escenario, el sindicato exige la renuncia inmediata de los funcionarios y asesores involucrados en la elaboración de los referidos recursos legales, así como la recuperación de los valores fundacionales de la institución. Además, alertó a la comunidad internacional y a la ciudadanía sobre el “estado crítico” de la Defensoría del Pueblo.
Finalmente, el SITRADEP expresó su respaldo a los trabajadores que han cuestionado públicamente la actual gestión, destacando que dichas acciones representan un acto de lealtad institucional. “La Defensoría del Pueblo es de los ciudadanos, no de los poderosos”, concluye el pronunciamiento.








