
Una abogada que no figura como trabajadora del Congreso, identificada como Caroline Bracamonte, habría realizado labores parlamentarias en el despacho de la diputada Jacqueline Tapullima, de la bancada de Juntos por el Perú.
Una investigación realizada por el dominical Cuarto Poder, recogió registros de visitas, conversaciones de WhatsApp y el testimonio de una exasesora que apuntan a una presunta relación laboral sin contratación.
Según los registros, Bracamonte ingresó al despacho de la diputada 27 veces, con una permanencia acumulada de 105 horas y 41 minutos. Las visitas comenzaron en agosto y aumentaron en septiembre, con estancias de hasta 6 horas. En octubre, una de ellas se prolongó durante 10 horas y 26 minutos.
Por su parte, la exasesora de la parlamentaria, María Pinedo, indicó que la abogada presuntamente redactaba oficios y coordinaba documentos parlamentarios.
Los mensajes de WhatsApp que se mostraron en el reportaje también la muestran coordinando tareas en el despacho. En un mensaje fechado el 2 de octubre, Bracamonte escribió: “Todos somos un equipo y el producto final no es personal, es de todos para la diputada”. En otro chat propuso revisar un proyecto y, el 19 de octubre, planteó comprobar si se había respondido adecuadamente a lo solicitado mediante un oficio.
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“Podría darse el caso de un presunto delito de usurpación de funciones”, señalo el abogado penalista Percy Falla.
El dominical consultó a Bracamonte sobre su labor con la congresista Tapullima. La abogada respondió por WhatsApp que no era trabajadora del despacho. Asimismo, negó haber elaborado documentos oficiales o desempeñado funciones parlamentarias.
Cabe precisar que según el Reglamento del Congreso de la República está prohibido el trabajo ad honorem en las oficinas parlamentarias.
Nueva pericia grafotécnica
Por otro lado, el reportaje también se refirió a una nueva pericia grafotécnica sobre la autenticidad de la firma consignada en la declaración jurada utilizada para la postulación de Tapujima al Congreso.
Según el dominical, la prueba concluyó que la rúbrica del documento no pertenecía a la legisladora. Este resultado se suma a una pericia previa que, de acuerdo con la misma investigación periodística, había determinado que la huella dactilar tampoco era suya.
Cabe recordar que la legisladora tiene una investigación por presunta falsedad. Consultada por el programa, Tapullima señaló que esperará el avance de las investigaciones.







