Al respecto, el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, explicó que, tras esta decisión, las propuestas presentadas serán revisadas y evaluadas en la comisión de Justicia, que preside Isaac Mita (Perú Libre).
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“Se propuso a la Junta de Portavoces que esos proyectos sean exonerados de trámites de comisiones y que vaya al pleno del jueves, con la ley de terrorismo urbano que sí se aprobó. Pero el tema vinculado a la ley de crimen organizado no alcanzó los votos suficientes para ser exonerado y obviamente se ha derivado inmediatamente a la comisión de Justicia”, indicó a la prensa.
En ese sentido, demandó celeridad a dicho grupo de trabajo para que apruebe las iniciativas en mención, a fin de que sean aprobadas en el Pleno antes de fin de mes.
“Se ha exhortado, a través de la Junta de Portavoces, que lo dictaminen en el más breve plazo posible para que podamos verlo antes de fines del mes de octubre”, apuntó.
Al ser consultado por la decisión de la Junta de Portavoces, el legislador de Alianza para el Progreso (APP) solo atinó a señalar que respeta la decisión adoptada por las bancadas.
“Somos un colectivo democrático, se asumen las decisiones con votaciones. Lamentablemente no tuvo el respaldo, pero igual va a la comisión de Justicia y espero que resuelvan pronto el dictamen para que podamos corregir. De lo que sí estoy seguro es que esa norma tiene que ser corregida, modificada para garantizar que las medidas coercitivas realmente se cumplan”, apuntó.
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Responsabilizan al Congreso por aumento de la extorsión
A través de un comunicado, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresó su profunda preocupación por la ley que modifica la definición del crimen organizado.
A juicio del gremio, la norma en mención “ha generado un entorno favorable para la proliferación de bandas de extorsionadores y otros grupos delictivos”, provocando no solo irreparables pérdidas humanas, sino también significativos daños económicos que afectan profundamente a nuestra sociedad.
“El CAL, pese a las reiteradas advertencias de nuestro gremio y otras instituciones, responsabiliza al Congreso por la promulgación de leyes que redefinen el concepto de crimen organizado, las cuáles han permitido el incremento de actividades delictivas, como la reciente ola de extorsiones, especialmente contra los transportistas”, se lee en el texto.
Añadieron que comparten la preocupación de los gremios empresariales, sindicatos, colegios profesionales y la ciudadanía en general ante la grave situación de inseguridad y criminalidad que enfrenta el país.
El CAL también criticó la inacción del Gobierno de Dina Boluarte frente a esta problemática.
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