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El caso Esterilizaciones Forzadas volverá a fojas cero. Ayer, el el Poder Judicial anuló la acusación penal presentada por el Ministerio Público en contra del expresidente Alberto Fujimori, procesado por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves seguidas de muerte en un contexto de grave violación de los derechos humanos.
Así lo decidió la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, que a través de una resolución confirmó la decisión de anular el “auto de apertorio de instrucción” de dicho caso, por lo que dejó sin efecto todas las diligencias y actos procesales realizados por la Fiscalía entre los años 2021 al 2023.
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En su fallo, el tribunal dispuso que el caso regrese hasta la etapa de presentación de la denuncia penal por parte del Ministerio Público; es decir, hasta marzo del 2019. Ahora, la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad deberá adecuar su acusación al Nuevo Código Procesal Penal (NCPP).
Tras conocerse esta noticia, el abogado de Fujimori, Elio Riera, consideró que esta decisión favorece políticamente a su patrocinado, al recordar su interés en participar en futuras elecciones presidenciales.
“Considero que, políticamente, favorece mucho, porque demuestra plenamente que el expresidente no ha cometido ningún tipo de delito. Saludo el pronunciamiento judicial, haciendo lo correcto y respetando el principio de legalidad”, dijo a TV Perú.
El jurista añadió que seguirá paso a paso los lineamientos que restan en el proceso para poder demostrar la inocencia de su patrocinado en el presente caso, que ya lleva más de 20 años sin resolverse.
“Viene finalmente el desarrollo del caso Pativilca, donde estoy seguro de que vamos a lograr el archivo como tal, en función a los últimos pronunciamientos legales”, sostuvo.
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No se ha precisado de qué manera Fujimori cometió delito
Respecto al caso Esterilizaciones forzadas, Riera señaló que el Poder Judicial con esta resolución está haciendo lo correcto, debido a que, según dijo, “han existido vulneraciones a los derechos fundamentales” de Fujimori.
“No ha existido nunca la imputación necesaria; es decir, no se ha logrado precisar en ningún momento de qué manera el expresidente habría cometido o habría formado parte del supuesto hecho delictivo, motivo por el cual saludamos el pronunciamiento judicial y encontramos, finalmente, un eco a los pedidos que viene formulando la defensa”, remarcó el abogado.
Recordó que el presente caso ha sido archivado más de ocho veces a lo largo de todos estos años e insistió en que la Fiscalía mantiene la imputación con una teoría sin decir por qué el expresidente está involucrado en los hechos.
“No quiero decir que no se debía de investigar, digamos, 10 o 15 casos, pero eso no puede generar la convicción de que el expresidente tenía una política de planificación. Se sintió un hecho equivocado, un delito, pues el médico a cargo en ese momento debe responder conforme a ley, pero de ahí a señalar que el expresidente tuvo participación, de ninguna manera”, enfatizó.
Al ser consultado por la posición de organizaciones de defensa de los derechos humanos que señalan que el expresidente sí debería ser condenado por estos hechos, Riera dijo respetar ese planteamiento, pero que había que acatar lo establecido por el Poder Judicial.
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