En este cuarto día de audiencias, la representante de la Procuraduría de Lavado de Activos, María Camus Dávila, brindó sus alegatos y detalló el monto de reparación civil propuesto por su institución en el presente caso.
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Son cuatro los delitos imputados a Fujimori y demás coacusados: pertenencia a una organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsedad genérica y/o falsa declaración en proceso administrativo.
En cuanto al primer delito, la procuradora sostuvo que dicha organización criminal atentó contra “el orden económico y financiero, el orden democrático, la transparencia en la información de aportes electorales y el sistema de administración de justicia”.
En ese sentido, explicó que se solicitará el 2.5% del monto total que manejó este grupo delictivo producto de los delitos que habrían cometido.
“El 2.5% estaría representado por S/ 2′223,969, que esta Procuraduría solicita por el tipo de daño extrapatrimonial”, agregó.
Por el delito de organización criminal, Camus informó que sus institución pide una reparación civil de S/ 2′223,969 por daño extrapatrimonial.
Dicho monto deberá ser abonado, de forma solidaria, entre las 16 personas acusadas en este caso, entre ellas, Keiko Fujimori, y dos personas jurídicas (Fuerza Popular y MVV Bienes Raíces, de propiedad de Mark Vito).
Para plantear dicha caución se tomó en cuenta el monto cobrado por patrocinio (S/ 152,928) y el monto de falsos ingresos declarados ante la ONPE durante la campaña del 2016 (S/ 19′385,319.78).
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Organización habría lavado más de S/69 millones
En cuanto al lavado de activos, la procuradora enfatizó que el monto lavado por la presunta organización criminal que habría liderado Fujimori asciende a S/ 69′420,512.47, por lo que consideró que el monto de reparación civil por este delito debe ser el doble; es decir, S/138′841,024.95.
“La organización criminal, a través de sus miembros, lavó activos ilícitos por esta suma (S/ 69 millones), realizando actos de conversión, transferencias, ocultamiento y tenencia de activos de dinero procedente de actos ilícitos previos, como corrupción transnacional y fraude de empresas jurídicas”, indicó.
La procuradora añadió que estos activos recaudados, cuyo origen es ilícito, fueron de conocimiento de la misma Fujimori y de los demás miembros de la organización.
“Estos activos fueron alejados al ser dinero no registrado, dinero clandestino, no contabilizados en el sistema bancario. Han sido entregados en efectivo, en maletas, fueron grades cantidades de dinero. Asimismo, la organización ha buscado justificar estos activos ilícitos a través del ingreso fraccionado en las cuentas de Fuerza Popular, a través del ‘pitufeo’, los falsos aportantes y cocteles y rifas”, cuestionó.
En cuanto al delito de obstrucción a la justicia, la Procuraduría solicita una reparación civil de S/ 305,856. Dicho monto es el doble de lo cobrado por los abogados de Fuerza Popular por sus servicios.
Finalmente, en lo que respecta al delito de falsa declaración en proceso administrativo y/o falsedad genérica, el monto de la caución asciende a S/ 9′692,659, que es el 50% de los montos de falsos ingresos declarados ante la ONPE durante la campaña del 2016.
En total, por los cuatro delitos la Procuraduría solicitó una reparación civil de S/151′063,509.84 que deberán abonar, en forma solidaria, los acusados y dos personas jurídicas en caso sean sentenciados.
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