Esta mañana, la exintegrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Inés Tello, envió por segunda vez un oficio al presidente del Congreso de la República del Perú, Alejandro Soto, en el que le pide que se declare como inexistentes las resoluciones aprobadas en el Pleno que declararon su destitución e inhabilitación en el ejercicio de la función pública por 10 años.
Ante esta situación, Soto informó en sus redes sociales que ha pedido al procurador público de su institución que tramite las denuncias correspondientes en contra de la exfuncionaria.
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“Frente a la manifiesta intención de la señora Inés Tello de Ñecco de mantenerse ilegalmente como miembro de la JNJ, pese a haber sido inhabilitada por el Pleno, he dispuesto que el procurador público del Congreso realice las denuncias penales, civiles, administrativas y constitucionales a que hubiere lugar”, indicó.
El legislador de Alianza para el Progreso (APP) remarcó que desde un inicio ha sido firme defensor del debido proceso y el derecho a la defensa, por lo que pidió a los miembros de la JNJ que acaten lo dispuesto por el Parlamento.
“Con esa misma firmeza, invoco a los miembros de la JNJ a que se cumpla de inmediato con lo dispuesto por este poder del Estado”, acotó.
Tras haber sido inhabilitada por el Parlamento, Tello insistió en que su inhabilitación es ilegítima debido a que se tomó en cuenta el voto del congresista José Luna Gálvez, pese a ser miembro de la Comisión Permanente.
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Piden tomar acciones contra De la Haza
Por su parte, el legislador Alejandro Muñante, de Renovación Popular (RP), le envió un oficio al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, en el que le pide que tome acciones frente a la negativa del presidente de dicha institución, Antonio de la Haza, de notificar a la Defensoría del Pueblo sobre los puestos vacantes de los inhabilitados Tello y Aldo Vásquez.
“Sin embargo, no solo se ha evidenciado que los inhabilitados vienen declarando públicamente que aún son miembros de la JNJ, sino que también el actual presidente de la JNJ, Antonio de la Haza, estaría rehusándose a dar cumplimento a lo establecido en las resoluciones”, se advierte en el texto.
A su juicio, esta situación podría configurar los delitos de usurpación de la función pública, rehusamiento de actos funcionales y resistencia a la autoridad.
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