De acuerdo con Cuarto Poder, el documento en mención, de 200 páginas, señala que ambos funcionarios habrían ejercido influencia en el Congreso y el Ejecutivo para la promulgación de leyes que beneficien a PL y obstaculicen investigaciones en su contra.
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Al respecto, el premier Gustavo Adrianzén cuestionó la labor que viene realizando el Ministerio Público con la tramitación de denuncias en contra de funcionarios, al considerar que actúan “con una ligereza insólita”.
“Yo no puedo hacer más que expresar mi profunda extrañeza porque, con una ligereza insólita, la Fiscalía está formulando denuncia tras denuncia en contra de la presidenta y, en muchos de esos casos, esas denuncias tienen su origen simplemente en notas o en reportajes periodísticos”, cuestionó desde la región Ucayali.
En ese sentido, consideró que la Fiscalía de la Nación debe tener mayor precaución y cautela al momento de acoger las denuncias que se presentan contra la jefa de Estado, que personifica a la Nación.
“La presidenta está protegida por el artículo 117 (de la Constitución), que dice con claridad cuáles son los únicos cuatro delitos por los que puede ser acusada. Si puede ser acusada por esos cuatro delitos, el correlato lógico es que solo por esos cuatro delitos puede ser investigada; sin embargo, el Ministerio Público, de manera insólita, está planteando estas denuncias”, remarcó.
Sin embargo, se mostró confiado en que muy pronto este tema se va a solucionar con la decisión que emita el Tribunal Constitucional (TC) frente a la demanda competencial que se presentará por esta causa.
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Enviaron carta a la Corte IDH
Pese a los cuestionamientos y críticas por parte organismos de la sociedad civil y del exterior, la Comisión Permanente aprobó la semana pasada, en segunda votación, la ley que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos en el Perú a partir del 01 de julio de 2002; es decir, los casos que hayan sido registrados antes de esta fecha no podrían ser procesados ni condenados por su comisión.
Respecto a este tema, el premier indicó que, hasta ahora, dicha autógrafa de ley no ha sido remitido a su despacho. Una vez llegue a la PCM, dijo que se hará la evaluación respectiva partiendo de las opiniones del Ministerio de Justicia y otros sectores.
No obstante, remarcó que, por ahora, no existe ninguna razón para que el Perú se excluya de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ha exigido al Estado que paralice el proceso de aprobación de dicha norma.
Según informó, tanto Boluarte como el presidente del Congreso, Alejandro Soto, enviaron una carta de respuesta a la Corte IDH en la que hicieron saber “el profundo rechazo que les ha merecido su resolución”.
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