Jorge Flores Ancachi, congresista, implicado en el caso "Mochasueldos". (Foto: Congreso)
Jorge Flores Ancachi, congresista, implicado en el caso "Mochasueldos". (Foto: Congreso)

El rechazó la solicitud de tutela de derechos presentada por el congresista (No Agrupados), en la cual solicitaba anular la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de concusión.

En su resolución, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria argumentó que no corresponde a los jueces del Poder Judicial, al menos a los penales, evaluar, dejar sin efecto o modificar la denuncia constitucional a través de la tutela de derechos.

Indicó que, según lo establece la Carta Magna, es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso la encargada de calificar la admisibilidad y procedencia de la denuncia contra Flores Ancachi.

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“No corresponde a los jueces del Poder Judicial, al menos a los penales, vía tutela de derechos, evaluar, dejar sin efecto o modificar la denuncia constitucional, por lo que la tutela formulada por la defensa debe ser desestimada”, enfatizó.

El legislador alegaba que lano realizó un “análisis objetivo y de valoración” de las pruebas recabadas y tampoco consideró los medios probatorios presentados por la defensa.

Jorge Flores Ancachi, congresista de Acción Popular, es investigado por presunta concusión. (Foto: Congreso)
Jorge Flores Ancachi, congresista de Acción Popular, es investigado por presunta concusión. (Foto: Congreso)

Asimismo, solicitaba que se exhortara al Ministerio Público a realizar las diligencias preliminares conforme al ordenamiento legal, con el fin de “determinar hechos delictivos y asegurar la evidencia sensible”.

Antecedentes

De acuerdo con una denuncia de “Cuarto Poder”, Flores Ancachi supuestamente forzó a los empleados de su despacho y de la Comisión de Energía y Minas, que dirigió durante el periodo 2022-2023, a darle parte de sus salarios.

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El legislador, quien también ha sido señalado por el como miembro de ‘Los Niños’, supuestamente obligaba a sus empleados a entregarle una cuota del 10% de sus salarios y la mitad de todos los bonos que recibían.

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