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La lectura del fallo inició ayer alrededor de las 4:00 p.m. y se extendió hasta la madrugada del lunes. Esta mañana se reanudó la audiencia; sin embargo, hasta el cierre de esta nota, se conoció que el abogado de Boluarte, Luis Vivanco, no podía comunicarse con su cliente, lo que encendió las alarmas ante una posible fuga del familiar de la jefa de Estado.
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Ambos no se encuentran presencialmente en la sala de audiencias y solo Vivanco, hasta donde se supo, está conectado virtualmente.
En la primera parte de su exposición, Concepción Carhuancho determinó que los hechos que se le imputan a Boluarte “sí tendrían connotación criminal”, así como remarcó que existe un alto grado de probabilidad de que este haya participado en los hechos que se le atribuyen.
Añadió que en la carpeta del caso hay alrededor de 35 elementos de convicción que acreditan la participación de Boluarte en la captación de subprefectos para que cumplan con el llenado de fichas de inscripción de su partido ‘Ciudadanos por el Perú´’.
Precisamente, mencionó el caso del testigo Armando Villalobos Leyva, quien fue nombrado prefecto regional de San Martín en enero del 2023. Este funcionario ratificó en su declaración testimonial que se le exigió llenar fichas de afiliación a dicha agrupación política.
De acuerdo con la tesis fiscal, Boluarte encabezaría una red criminal dedicada a nombrar, de manera ilegal, a prefectos y subprefectos en diversas regiones del país con la finalidad de utilizar el aparato estatal para facilitar la inscripción de su partido.
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Para dicho fin, el hermano de la presidenta habría planificado un programa criminal para copar la Dirección General del Gobierno Interior (DGIN), del Ministerio del Interior, así como habría colocado personal de confianza en otras instituciones estatales, como el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y Provías Descentralizado.
Rechazan aplicar ley de crimen organizado
En otro momento, el magistrado indicó que, para el presente caso, no se aplicará lo estipulado en la nueva ley de crimen organizado, tal como lo solicitaron las defensas de los investigados.
A juicio de Concepción Carhuancho, la ley en mención, impulsada por el legislador de Perú Libre, Waldemar Cerrón, es inconstitucional y contraria a los tratados internacionales a los que se sumó el Perú, entre ellos, la Convención de Palermo.
“Esta ley fue creada con el propósito de beneficiar a los funcionarios públicos, excluyéndolos del delito de organización criminal. (...) es una ley que se dictó con nombre propio para favorecer a un grupo de personas, y fue nefasta”, cuestionó.
El juez también criticó que la jefa de Estado no haya observado dicha norma, que posteriormente fue modificada ante las críticas, en el contexto de que podría beneficiar a su propio hermano, quien es investigado por el presunto delito de pertenencia a una organización criminal.
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