El exalcalde de Anguía (Cajamarca), José Nenil Medina Guerrero, no abandonará la cárcel. La Tercera Sala Constitucional de Lima revocó la resolución que declaró nulo el mandato de prisión preventiva, por el plazo de 30 meses, que pesaba en su contra.
Como se recuerda, en diciembre del año pasado el juez Juan Carlos Núñez Matos declaró fundado el recurso de hábeas corpus presentado por el exburgomaestre e invalidó su prisión preventiva. De esta manera, ordenó a la sala judicial que revisa el “caso Anguía” emitir un nuevo pronunciamiento sobre la medida.
Como era de esperarse, la Procuraduría del Poder Judicial presentó una apelación para revertir dicha medida, la cual finalmente fue acogida por la Tercera Sala Constitucional de Lima
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Los motivos detrás del fallo
En su apelación, la Procuraduría del PJ consideró que Juan Núñez, quien es un juez constitucional, no era competente para evaluar si se configuraban o no los presupuestos que llevaron a la prisión preventiva de Medina. Además, rechazó que se haya vulnerado los derechos o la debida motivación, tal como alega el exalcalde de Anguía.
En respuesta, la defensa de Medina Guerrero denunció que se le impuso prisión preventiva a su patrocinado sin que se le explicara en la resolución por qué no era aplicable otra medida menos gravosa, así que denunció que no se valoraron sus pruebas de descargo y que tampoco se había valorado sus arraigos.
Tras analizar revisar la posición de ambas partes, la Tercera Sala Constitucional de Lima determinó que se aprecia una adecuada fundamentación por parte de los jueces de primera y segunda instancia penal para dictar la prisión preventiva.
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Si bien la sala señaló que el exalcalde tiene una valoración de los hechos y una interpretación jurídica discrepante a la del Poder Judicial, ello “no constituye, en modo alguno, afectación del derecho a la motivación de las resoluciones, ni implica la existencia de una motivación insuficiente”.
Recordaron que, de acuerdo al Tribunal Constitucional (TC), la justicia constitucional no es la competente para determinar los presupuestos legales de la detención preventiva; no obstante, recalcó que sí puede evaluar si las resoluciones tienen suficiente sustento para que la medida se considere constitucional.
Medina Guerrero es investigado por los presuntos delitos de pertenencia a una organización criminal, colusión agravada y lavado de activos. La Fiscalía lo sindica como un “operador” de la organización criminal que habría liderado Pedro Castillo.
El exburgomaestre habría participado en actos de concertación para obtener presupuesto de obras, en Cajamarca, a través del Ministerio de Vivienda, y luego recibir dádivas a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
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