La decisión del tribunal, liderado por la jueza Margarita Salcedo Guevara, se adoptó el pasado martes y los términos del acuerdo entrarán en vigor a partir de hoy.
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Si bien el acuerdo de colaboración eficaz fue suscrito en mayo pasado, el juzgado dio un tiempo prudencial para que la resolución sea objeto de impugnación u observación por parte de los involucrados; sin embargo, al cierre del plazo no se produjo ninguna objeción al documento.
De esta manera, la sentencia quedó firme y es declarado como una cosa juzgada, al no poder ser apelado ante otra instancia.
¿Cuánto deberá pagar Cosapi al Estado?
En mayo pasado, el Poder Judicial homologó el convenio de colaboración eficaz, a través del cual Cosapi reconoce culpabilidad por delitos de corrupción en proyectos de infraestructura que vienen siendo investigados en el denominado caso “Club de la Construcción”.
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La empresa también ha reconocido que, como integrante de dicho “Club”, participó en los concursos públicos de otras obras con el fin de dar la apariencia de competencia.
Por todo ello, la sentencia establece que la compañía deberá pagar al Estado peruano una reparación civil de S/ 84.3 millones en un plazo de 9 años, más intereses legales aproximados de S/ 15 millones.
La cuota inicial será de aproximadamente S/ 15.3 millones y deberá ser pagada a los 30 días calendario luego de la notificación que declare firme la sentencia del acuerdo.
“Este es el tercer acuerdo de colaboración eficaz corporativo que se ha aprobado en el marco del mega caso Lava Jato. Con ello, el Estado peruano empezará a cobrar la reparación civil este año, independientemente del avance que viene teniendo el caso ‘Club de la Construcción’ a nivel judicial”, indicó la procuradora Silvana Carrión.
El convenio también establece la creación de un fideicomiso para garantizar el pago de las 9 cuotas de la reparación civil, el cual será administrado por Cofide o el Banco de la Nación.
Asimismo, se ha incluido una cláusula que prohíbe a Cosapi iniciar procesos arbitrales, judiciales o administrativos contra el Estado, en sede nacional o internacional, por los proyectos que forman parte del convenio.
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