El Poder Judicial aprobó el acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, la Procuraduría Pública Ad Hoc para el mismo megacaso de corrupción y la empresa peruana Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA)
A través de un comunicado, el organismo liderado por la procuradora Silvana Carrión informó que la aprobación de dicho convenio judicial se produjo el pasado 26 de diciembre, cuando el juez Ubaldo Callo Deza, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, homologó el acuerdo.
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En el texto se precisa que la compañía y cinco de sus ejecutivos reconocieron su culpabilidad por delitos de corrupción en 19 proyectos de infraestructura y brindaron valiosa información para los procesos penales en curso.
“La constructora también ha reconocido que participó en 34 licitaciones públicas con el fin de dar la apariencia de competencia, bajo el esquema del denominado Club de la Construcción”, se lee en el texto.
Precisamente, el exministro de Agricultura, José Manuel Hernández, quien es colaborador eficaz de la Fiscalía en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, confesó que fue el intermediario del pacto entre ICCGSA y el expresidente Martín Vizcarra para el pago de un soborno de S/ 1′300,000 a fin de que no se observe la buena pro de la construcción del Hospital de Moquegua.
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¿Cuánto dinero deberá pagar la empresa?
La sentencia establece que ICCGSA deberá pagar al Estado peruano una reparación civil de más de S/ 181.1 millones en un plazo de 10 años. A ello se sumarán los intereses legales que se abonarán al final del cronograma de pagos.
“Seguimos cerrando acuerdos de colaboración eficaz. Este es el quinto acuerdo con una empresa en el marco del mega caso Lava Jato. Significa un monto de reparación civil importante que el Estado empezará a cobrar de manera adelantada, a la par que se fortalecen los casos ‘Hospital de Moquegua’ y ‘Club de la Construcción’, donde están involucrados los expresidentes Martín Vizcarra y Ollanta Humala”, indicó Carrión.
El convenio establece que los pagos de reparación civil serán garantizados con la creación de un fideicomiso, el cual será administrado por Cofide o el Banco de la Nación.
Asimismo, el acuerdo señala que ICCGSA no podrá iniciar procesos arbitrales, judiciales o administrativos contra el Estado peruano, en sede nacional o internacional, por los proyectos que forman parte del convenio.
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