El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se encuentra nuevamente el el ojo de la tormenta. El último jueves se conoció que presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) para declarar inconstitucional varios artículos del Decreto Legislativo N°1373, que establece el procedimiento de Extinción de Dominio; es decir, para que el Estado pueda quedarse con los bienes adquiridos con dinero de origen ilícito vinculados a corrupción y otros crímenes.
En un oficio enviado al presidente del TC, Francisco Morales Saravia, Gutiérrez dijo que se busca anular la aplicación de seis artículos y numerales de la ley de Extinción de Dominio debido que, a su juicio, vulneran el derecho de propiedad y los principios de presunción de inocencia y de seguridad jurídica, entre otros.
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Como era de esperarse, esta postura asumida por Gutiérrez generó críticas desde diversos sectores.
Al respecto, el juez supremo titular del Poder Judicial, Manuel Luján Túpez, advirtió que de prosperar la demanda del defensor del Pueblo se beneficiará a las personas que se esconden detrás de los testaferros.
“Esto le va a beneficiar a todas las personas que se esconden tras testaferros para poder seguir lucrando con los beneficios del delito”, indicó a Canal N.
El magistrado supremo también alertó que en caso el TC dé luz verde al pedido de Gutiérrez se estarían incumpliendo convenios internacionales que el Perú suscribió.
“No hay que olvidar que el sistema de Extinción de Dominio nace como obligación comprometida de tres convenios: Viena (1998), Palermo (2000) y Mérida (2003)”, acotó.
A juicio de Luján Túpez, quien es coordinador del Subsistema de Extinción de Dominio de la Corte Suprema, Gutiérrez no ha entendido que el beneficio que esto traería para quienes están dentro de organizaciones criminales “es que puedan seguir con el negocio (ilícito)”.
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“Nosotros ya hemos pasado por esa experiencia y no resultó (...) tal como él quiere, primero se sentencia a una persona y luego, como consecuencia de ello, recién se le quitan los bienes. Correcto, pero,¿ mientras tanto qué? Van a seguir trabajando con ese dinero ilícito, con esa riqueza ilícita. Eso es lo que nosotros evitamos en extinción de dominio: asfixiar el bolsillo para que el negocio criminal no siga caminando”, apuntó.
Afecta lucha contra la criminalidad
En ese sentido, hizo un llamado a la reflexión a la Defensoría del Pueblo y le pidió “velar preferentemente por los derechos de la ciudadanía sobre otros intereses evidenciados en la objeción sobre la viabilidad de esta importante figura”.
El Minjus señaló que la operatividad del Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) podría verse afectado e indicó que la demanda tendría incidencia directa contra las entidades beneficiarias como el Poder Judicial, Policía Nacional del Perú y Procuradurías Públicas, quienes son parte del Subsistema de Extinción de Dominio.
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