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El Poder Judicial emitirá un pronunciamiento estos días tras el pedido que solicitó el Ministerio Público para que se levante el secreto bancario y de las comunicaciones del expresidente Pedro Castillo. Esta medida se toma dentro de las diligencias y proceso que sigue el exmandatario frente a las acusaciones de presuntos delitos de corrupción.
Como se recuerda, Castillo Terrones está siendo investigado por sus posibles participaciones e irregularidades en casos como PetroPerú, Provías y en la licitación del Puente Tarata.
De acuerdo a la evaluación del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, se recibió el pedido dentro del marco de una audiencia reservada. Esta medida también alcanza a los exfuncionarios Juan Silva y Geiner Alvarado, por lo que en los siguientes días se tomará una decisión tras la demanda del Ministerio Público.
Fue el Juez Supremo, Juan Carlos Checkley, quien indicó que luego de esta diligencia, se emitirá una decisión correspondiente dentro de los plazos de ley para comunicar la medida que se tomará, basándose en los tres investigados por delitos de corrupción.
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Situación de Castillo, Alvarado y Silva
Pedro Castillo está cumpliendo una prisión preventiva de 36 meses en el penal Barbadillo como parte de esta investigación preparatoria. Le sigue el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, que se encuentra recluido en el penal Castro Castro acatando el mismo tiempo de encarcelación, mientras se realizan las respectivas investigaciones.
Por su parte, el exministro Juan Francisco Silva se encuentra en calidad de “no habido” por la justicia, por lo que el Poder Judicial ordenó su captura a nivel nacional e internacional. Al exfuncionario le espera una prisión preventiva de 36 meses.
PJ rechaza pedido de Pedro Castillo
El proceso judicial contra Pedro Castillo y sus presuntos delitos continuarán, luego que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declara infundado el recurso de excepción de improcedencia que presentó para que se ordenara que se archive la investigación preparatoria que se le sigue por los casos Petroperú y Puente Tarata III.
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El Juez Supremo, Juan Carlos Checkley, determinó en su resolución que los hechos por los cuales la Fiscalía formalizó esta investigación preparatoria contra el expresidente del Perú sí forman parte de delitos, por lo que debe desestimarse la excepción de improcedencia.
“En tal sentido, los hechos imputados por el Ministerio Público sí calzan dentro de la descripción típica del delito de Organización Criminal, incluyendo la agravante imputada por ser presunto líder de la organización”, sostuvo Checkley.
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