El último fin de semana el Pleno del Congreso aprobó, por mayoría, una moción que encarga a la comisión de Justicia una investigación sumaria, por el plazo de 14 días, contra los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), quienes podrían ser removidos del cargo en caso el Parlamento así lo considere pertinente.
Los siete investigados son Imelda Tumialán (presidenta), Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello.
A los seis magistrados se les acusa de haberse pronunciado, en mayo pasado, en contra del juicio político y antejuicio al que fue sometida la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, así como se cuestiona una presunta intromisión de Tumialán, De la Haza y Zavala ante la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie contra la decisión del Parlamento de inhabilitar a Ávalos.
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Al respecto, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, llevó hoy al Consejo de Derechos Humanos la cuestión del enfrentamiento entre el Congreso y la JNJ, entidad encargada del nombramiento de jueces y fiscales de todos los niveles.
Türk enfatizó que la apertura de una investigación parlamentaria a todos los miembros de esa instancia puede tener un impacto en la independencia judicial y en la separación de poderes.
Naciones Unidas ya lamentó esta situación el último jueves, pero esta es la primera vez que el jefe de derechos humanos de la organización se refiere directamente al conflicto entre estas instituciones.
Más allá de este asunto específico, el alto comisionado indicó que, desde el pasado enero, su organismo ha documentado trece leyes y cinco acusaciones constitucionales que han sido motivo de inquietud por interferir en entidades a las que la Constitución reconoce autonomía.
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”Le pido al Congreso que se ajuste a los principios de las Naciones Unidas sobre independencia de la Judicatura y respeto al equilibro de poderes”, señaló en su discurso de inauguración de la 54º sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH).
A través de un pronunciamiento, señaló que la JNJ “tiene un rol crucial para mantener el equilibrio de poderes y para la administración de justicia en el país”.
Además, recuerda que esta entidad es la encargada de nombrar, “previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles, así como a quienes lideran los organismos electorales”.
“Solo defendiendo y garantizando los principios de separación y equilibrio de poderes se puede aspirar a consolidar una sociedad justa y democrática para el beneficio de todas las personas”, concluye el comunicado.
Con información de EFE
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