Desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE han exhortado al Perú a “reforzar la protección a fiscales y jueces” ante posibles interferencias políticas.
Entre el 21 y 22 de enero de este año, una Misión de Alto Nivel de la OCDE llegó a Lima para abordar sus dudas sobre la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público en nuestro país, factores por el que se encuentran “preocupados”. La comitiva estuvo encabezada por la presidenta del Grupo de Trabajo, Kathleen Roussel y se entablaron reuniones con funcionarios como el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, el ministro de Justicia, Eduardo Arana y el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, entre otras autoridades judiciales.
A criterio de la OCDE corre riesgo la independencia judicial y de los fiscales en Perú ya que desde 2023 “algunos fiscales del Equipo Especial Lava Jato, ha sido objeto de procedimientos disciplinarios e investigaciones fiscales mientras seguían ocupando sus cargos y desempeñando sus funciones”.
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También, desde la OCDE se alertaron por las iniciativas para inhabilitar a ciertos miembros de la Junta Nacional de Justicia junto con una propuesta legislativa para reemplazarla por una Escuela Nacional de la Magistratura.
“Esta propuesta debe evaluarse cuidadosamente para evitar posibles impactos en la transparencia y rendición de cuentas en los procesos de nombramiento y disciplina de jueces y fiscales”, relataron.
Otro punto que les llama la atención es la serie de modificaciones al marco legal en materia de acuerdos de cooperación y extinción de dominio lo que “podría socavar la capacidad de los fiscales para perseguir a los responsables de actos de corrupción”.
Con todo este arsenal de reformas legislativas se generan “inquietudes” sobre la capacidad de investigar casos de soborno internacional, tal como exige la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales.
“Perú ha logrado grandes avances en la lucha contra la corrupción, incluyendo el lanzamiento de varias investigaciones de alto perfil por corrupción en los últimos años contra altos funcionarios. Para mantener este impulso, es esencial que Perú tome medidas proactivas para proteger a los fiscales y jueces de la interferencia política”, puntualizó Roussel.
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El ministro Eduardo Arana se mostró confiado en que la misión de la OCDE “en los próximos meses realizará una evaluación adecuada en base a la información recabada”.
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