La situación del hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, se complica nuevamente. El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) solicitó 36 meses de prisión preventiva en su contra a raíz del caso ‘Los Waykis en la sombra’.
El requerimiento fiscal también alcanza al exabogado de la presidenta, Mateo Castañeda, el exdirector de la Dirección General de Gobierno Interior, Jorge Ortiz Marreros, la exjefa de Qali Warma en la región San Martín, Griselda Herrera Vásquez, y los hermanos Jorge y Noriel Chingay Salazar.
Todos ellos vienen siendo investigados por el presunto delito de pertenencia a una organización criminal y otros.
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Tras presentarse este requerimiento, la Corte Superior Nacional de Justicia Penal resolvió que lo debatirán en una audiencia de carácter inaplazable a realizarse mañana, a las 2:30 p.m. La audiencia estará a cargo del juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho.
¿De qué se le acusa a Nicanor Boluarte?
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el hermano de la presidenta es sindicado de ser el líder de una organización criminal y de haber ejercido un “poder de facto” para instrumentalizar el aparato estatal, a través de las prefecturas y subprefecturas, y así poder lograr la inscripción de su partido político “Ciudadanos por el Perú”.
A Boluarte se le le cuestiona por cuatro hechos en concreto: la designación ilegal de subprefectos en la región San Martín para la recolección de firmas y así poder lograr la inscripción del partido político “Ciudadanos por el Perú” y su financiamiento, así como influir ilícitamente para la designación de subprefectos en Cajamarca a fin de financiar la presunta organización criminal y lograr la recolección de adhesiones para concretar la inscripción de su agrupación.
También se le atribuye haber influido ilícitamente, a través de Víctor Torres Merino (amigo y hombre de confianza de Dina Boluarte), para la designación de Juan Enciso Torres como director ejecutivo de Provías Descentralizado, así como el haber estado involucrado en los presuntos actos ilícitos que habría emprendido Castañeda para neutralizar las investigaciones en su contra en el EFICCOP.
La Fiscalía sostiene que Boluarte, junto a los demás integrantes de ‘Los Waykis en la sombra’, habrían emprendido un programa criminal para copar la Dirección General del Gobierno de Interior del Mininter y así designar ilícitamente a prefectos y subprefectos en regiones como San Martín y Cajamarca.
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Para dicho fin, se habría buscado manejar la oficina de dicho ministerio a fin de lograr las designaciones ilegales de subprefectos. Las personas que fueron designados para el cargo, en contraprestación, presuntamente habrían entregado dádivas a los líderes de la organización criminal.
Cabe recordar que la organización criminal que lidera Boluarte está conformada por 24 personas. Los operadores funcionariales del grupo, según la Fiscalía, son Ortiz Marrero y el exdirector de la Dirección de Autoridades Políticas de la Dirección General de Gobierno Interior, Raúl Oliva Guerrero, mientras que el “brazo legal” es dirigido por Castañeda.
La encargada de la organización en San Martín era Herrera Vásquez, mientras que los hermanos Chingay Salazar tenían el mismo rol, pero en Cajamarca.
Amigo de la presidenta delata a Nicanor Boluarte
En el requerimiento fiscal se incluyeron los testimonios de varios colaboradores eficaces que dieron aportes sobre el funcionamiento de la organización criminal. Uno de ellos es Víctor Torres Merino, examigo de Nicanor Boluarte y exhombre de confianza de la misma presidenta.
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Torres brindó su testimonio ante el EFICCOP el pasado 14 de junio. En dicha diligencia fiscal contó que en setiembre del 2022 se realizó una reunión en el restaurant “León Dorado”, ubicado en Barranco, con dirigentes de “Ciudadanos por el Perú” para consolidar los grupos de apoyo y también seguir distribuyendo las afiliaciones, que fue promovido por Boluarte.
“En dicha reunión se tocó el tema de los prefectos y subprefectos, en donde Nicanor Boluarte designó a Torres Merino para que coordinara con Ortiz Marrero, del Gobierno Interior, la designación de prefectos y subprefectos de los dirigentes que proponían las regiones”, se lee en la declaración que dio Torres a la Fiscalía.
En el testimonio se precisa que el hermano de la presidenta se comunicaba directamente por teléfono con Ortiz Marrero “a fin de ver las designaciones”.
“Cuando se entrega a Ortiz Marreros las propuestas de prefectos, él se las alcanzaba a Dina Boluarte para que determinara si era referida a subprefectos distritales o provinciales”, se lee en el texto.
En el caso de que las propuestas entregadas a Ortiz Marreros no superaban los filtros, se precisó que Torres Merino le daba cuenta al hermano de la presidenta, “siendo problema del exfuncionario del Mininter ya que no había algún tipo de cuestionamiento por tema de antecedentes”.
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