Pese a las cuestionamientos y pedidos de diversos sectores para que aceleren su proceso de análisis, el gobierno de Dina Boluarte retrasó hasta el último día del plazo legal (15 días) su decisión en torno a la autógrafa de ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia.
Ayer, por la tarde (4:00 p.m.), el premier Gustavo Adrianzén anunció a la prensa que observaron la norma y que el documento ya había sido enviado al Congreso; no obstante, dicho poder del Estado desmintió dicha información y precisó que, hasta las 6:18 p.m., no recibía el texto.
El documento con las observaciones del Ejecutivo recién ingresó al Área de Trámite Documentario del Parlamento a las 11:00 p.m. del pasado lunes, lo que generó más indignación.
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Al respecto, el legislador de la bancada de Renovación Popular (RP), Alejandro Muñante, advirtió que hubo una “intención subalterna” de parte del Gobierno al esperar el último día de plazo para observar la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia.
“Ha sido a propósito. Esa es la pregunta que nosotros hemos planteado desde las redes de nuestra bancada. ¿A quién protege el Gobierno? Nos queda claro que hay una intención subalterna en el hecho de demorar y esperar hasta el último día para observar la norma. No lo sé, pero seguramente hay más de una intención, no sé si solo a él o más personas”, cuestionó en diálogo con la prensa.
En ese sentido, dijo que esta postura adoptada por el Gobierno demostraría un deseo de trabar la aprobación de la ley por insistencia, pues ahora en el Congreso se tendría que convocar a un pleno extraordinario para hacerlo.
“Tenemos dos opciones, la opción más rápida es la del allanamiento, pero eso solamente sería opción si las observaciones son por temas formales, pero si las observaciones plantean la desnaturalización del texto o de la norma, evidentemente el camino del allanamiento, aún cuando sea más rápido, no es la opción”, adelantó el legislador.
Frente a ello, Muñante sostuvo que el camino que queda es la insistencia de ley, por lo que recordó que necesariamente se tendría que convocar a un pleno extraordinario.
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“Para convocar un pleno extraordinario necesitamos hacer dos cosas: pedir la firma de los voceros para exonerar el dictamen de la comisión de Justicia y luego hacer firmar una solicitud a 78 congresistas para solicitar el pleno extraordinario, lo cual no es nada fácil”, admitió.
Proceso podría resolverse en 15 días
Al ser consultado por el tiempo que demoraría sacar adelante la insistencia de ley, el legislador indicó que si hacia el fin de esta semana se logran reunir las firmas de los voceros de manera digital, estimó que hacia la otra semana se estaría terminando de recolectar las 78 firmas necesarias para convocar a un pleno extraordinario.
No obstante, reconoció que sería difícil debido a que la mayoría de congresistas están fuera de Lima.
“De allí, según el reglamento, el presidente del Congreso o cualquier miembro de la Mesa Directiva tiene hasta 15 días para programar la sesión (del pleno extraordinario); es decir, podría programarse dentro del día 5 o 10, si es que hay voluntad”, acotó.
“Si es que hay voluntad, a lo mucho esto debería resolver en 15 días para restituir esta figura (detención preliminar en casos de no flagrancia). Si no hay voluntad, tenemos que esperar hasta marzo”, añadió.
Por último, dijo esperar que las bancadas “no den una mirada al costado ante un tema tan importante”.
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