El congresista de la bancada Unidad y Diálogo Parlamentario, Juan Burgos, presentó un proyecto de ley que busca autorizar al Poder Judicial la creación e instalación de tribunales sin rostro para la investigación, juzgamiento y sanción de imputados por los delitos de crimen organizado, lo que generó polémica y posiciones encontradas.
Al respecto, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, reconoció que en el Ejecutivo aún no hay una posición clara frente a esta propuesta y que, en su momento, emitirán una opinión técnica.
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“Vamos a esperar que este proyecto ingrese a la Comisión de Justicia y, en su momento, el Ejecutivo emitirá la opinión correspondiente”, dijo en conferencia de prensa.
Si bien reiteró que dentro del Gobierno existen posturas diversas respecto al proyecto de ley, recalcó que aún no hay un posicionamiento claro, por lo que esperarán a que se inicie el debate respectivo en el Parlamento.
El propósito de la iniciativa es preservar la identidad de los magistrados involucrados en estos casos y fortalecer la lucha contra la criminalidad. Para ello, se busca modificar la ley que tiene por objeto fijar las reglas y procedimientos relativos a la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales, a fin de disponer que sea secreta la identidad de los magistrados.
“La identidad de los magistrados y fiscales que intervienen en la investigación, juzgamiento, y, sanción de imputados por los delitos de crimen organizado es secreta y se preserva de acuerdo al procedimiento establecido por el Poder Judicial”, indica la propuesta.
Asimismo, establece que los fiscales y jueces no requieren firmar ni rubricar las resoluciones judiciales, pues su identificación se preserva con los códigos dispuestos por el Poder Judicial.
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¿Qué opina el Poder Judicial sobre el proyecto?
“Entiendo que el Poder Judicial tiene los órganos que deben tomar una decisión, tiene la Sala Plena, que es el máximo órgano de deliberación, entiendo que todavía no ha tomado una postura nuestra Corte Suprema ni el presidente del Poder Judicial”, aseveró.
Sin embargo, recordó como dato que el Poder Judicial tuvo que volver a enjuiciar aquellos casos de terrorismo resueltos por jueces sin rostro después de 10 a 15 años, con las dificultades probatorias que ello implica.
“Cuál sería el mensaje? ¿esa situación a favor de quién jugó? De la impunidad, esos casos anulados traen dificultad probatoria, muchos testigos mueren, en otros casos migraron y no era posible ubicarlos. Qué podía hacer un juez, un fiscal; en esa época se manejaba el atestado policial, si era consistente propicio una sentencia condenatoria, si era débil sentencia absolutoria”, refirió.
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