El Ejecutivo ha puesto sobre la mesa una de las reformas más ambiciosas de los últimos años en materia penitenciaria: la desaparición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), una nueva entidad que busca romper con las fallas estructurales que hoy afectan al control de los centros de reclusión en el país.
Para el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, el cambio es urgente. A su juicio, el modelo actual quedó superado por la evolución de la criminalidad y por prácticas internas que han debilitado la autoridad del Estado dentro de los penales.
“No se trata de un simple relevo institucional, sino de construir una organización distinta, con procesos más claros y una gestión moderna”, señaló.
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La Sunir se formaría a partir de la fusión del INPE con el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), lo que permitiría unificar criterios de internamiento y resocialización. Desde el sector Justicia aseguran que esta integración facilitará una estructura más flexible y menos burocrática, orientada a resultados concretos en seguridad y reinserción social.
Uno de los ejes del nuevo esquema será el fortalecimiento del control penitenciario. Martínez adelantó que, sin desplazar al personal actual, se convocará a exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para asumir funciones clave en vigilancia y seguridad, aprovechando su experiencia operativa frente a organizaciones criminales.
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La iniciativa forma parte de un paquete de 14 proyectos de ley remitidos al Congreso, mediante los cuales el Ejecutivo solicita facultades especiales para reformar el sistema de justicia y seguridad. Según el ministro, el diseño institucional vigente ya no responde a la realidad delictiva y requiere una intervención profunda.
Desde Palacio de Gobierno, el presidente José Jerí respaldó la propuesta y fue más enfático al señalar que el INPE, tal como funciona hoy, debe desaparecer. El mandatario advirtió que existen áreas “capturadas por la corrupción”, donde se han producido filtraciones de información que terminan favoreciendo a bandas criminales y frustrando operativos del Estado.
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En la misma línea, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, sostuvo que la creación de la Sunir apunta a cerrar esos espacios de vulnerabilidad. Indicó que el Gobierno busca coordinar acciones entre los distintos poderes del Estado para responder con mayor rapidez a la crisis de inseguridad que enfrenta el país.
