La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público declaró infundada la queja funcional interpuesta contra los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, miembros del Equipo Especial Lava Jato.
La denuncia fue presentada por el exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC) y actual representante del Perú ante la OEA, José Luis Sardón, quien acusó a ambos fiscales de realizar supuestas malas prácticas por haber brindado entrevistas en los que lo habrían vinculado con Keiko Fujimori y Fuerza Popular.
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En la resolución se determinó que no se acreditó que Vela y Pérez “hayan cometido falta disciplinaria, debiendo procederse al archivo definitivo de los actuados en ese extremo”.
En la víspera, la ANC rechazó todos los medios probatorios que presentaron ambos fiscales como parte de su defensa en dicho procedimiento disciplinario.
En total, tanto Vela como Pérez habían presentado unas 22 pruebas a su favor; entre ellas, grabaciones completas de las entrevistas que brindaron en el 2019, así como testimonios de periodistas, otros exintegrantes del TC como Marianella Ledesma y Eloy Espinosa-Saldaña, y miembros del Ministerio Público, como Zoraida Ávalos e, incluso, Patricia Benavides.
Sin embargo, el organismo del Ministerio Público respondió que solo se basarían en elementos documentales recopilados que ya están en la carpeta.
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Denuncia “presiones internas y externas”
Según dijo, esta situación se traduce en la reactivación de procesos disciplinarios por parte de la Autoridad Nacional de Control Interno en su contra y en contra de Vela. El objetivo detrás de estas medidas sería suspenderlos y retirarlos de los juzgamientos en curso, entre ellos, el que involucra a la lideresa de Fuerza Popular.
“Hay una campaña de presión externa e interna hacia la Fiscalía; en especial, hacia Rafael Vela y a mi, por ser los fiscales que estamos conduciendo estas investigaciones. Queda claro que la presión interna se está manifestando porque la Autoridad Nacional de Control Interno ha reactivado procesos disciplinarios con el objeto de suspendernos y retirarnos de estos juzgamientos”, indicó a los medios de comunicación.
Pérez había calificado esta situación como una “interferencia” a su labor y que buscaba obstruir el desarrollo de las investigaciones y los procesos judiciales.
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