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Tras varios años en espera, el Poder Judicial dictó sentencia en el caso ‘La Centralita’, que fue un proceso penal emblemático de corrupción que salpicó la gestión del exgobernador regional de Áncash, César Álvarez.
El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional lo condenó a 19 años y 6 meses de prisión efectiva al ser encontrado responsable de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. También recibió 800 días multa, lo que asciende a S/3,864.
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Sin embargo, fue absuelto de los delitos de colusión y peculado, así como por la compra de polos y gorras amarillas para su campaña electoral por insuficiencia probatoria.
En una audiencia de adelanto de fallo, el juzgado determinó que a la pena que se le impuso a Álvarez se le computará el tiempo que lleva el prisión, por lo que este saldrá de la cárcel el próximo 6 de setiembre del 2039.
En lo que respecta al excongresista Heriberto Benítez, quien actualmente se desempeña como asesor del Tribunal Constitucional (TC), el Poder Judicial lo absolvió de los presuntos delitos de encubrimiento real, intimidación a la autoridad y asociación ilícita para delinquir por este caso
En tanto, Martín Belaunde Lossio fue sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión suspendida, mientras que José Luis Cavassa Roncalla fue condenado a 7 años y 6 meses de cárcel por lavado de activos.
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¿De qué se la acusa a César Álvarez?
De acuerdo con la tesis fiscal, Álvarez lideró una organización criminal dedicada a desfalcar los recursos del Gobierno Regional de Áncash durante los años 2007 al 2014). Este grupo delictivo tuvo nexos de prensa, social, legal y político. Precisamente, Benítez habría sido parte del brazo político-legal.
La organización criminal funcionaba en un centro de operaciones llamado ‘La Centralita’, ubicado en un edificio de la urbanización La Caleta, en la ciudad de Chimbote.
En dicho recinto presuntamente se planificaban acciones contra los opositores de Álvarez, así como se entregaban sobornos a jueces, fiscales y periodistas.
En total, el Ministerio Público investigó a unas 81 personas como parte de este caso.
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