José Tello sobre las protestas: “Acá nadie ha dado órdenes para que se vulnere algún derecho fundamental”

-La ONU envió un pedido al Gobierno para que responda las diversas alegaciones que han conocido sobre un presunto uso abusivo de la fuerza durante las protestas en el Perú, ¿en cuánto tiempo enviarán la respuesta a la ONU?

Hay un plazo de 60 días para responder estas opiniones emitidas por relatores que, hay que dejar bien en claro, no constituyen una opinión de la ONU. Ni a través del Consejo de Derechos Humanos, ni a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tampoco de ningún estado. Esta son las opiniones de unos relatores que son parte de una sociedad civil internacional. Son personas que coadyuvan al trabajo de Naciones Unidas, pero nosotros igual vamos a responder estas opiniones que han emitido. Vamos a enviar la respuesta con el sustento debido.

- ¿No cree que señalar que los relatores que firmaron ese documento no son funcionarios de la ONU es minimizar un poco el sentido del pedido?

En lo absoluto, acá no se minimiza. Nadie está minimizando nada porque son opiniones que han suscrito estos expertos independientes, pero hay que ser bien claros en que vamos a responder. Lo único que sí hay que ser categóricos en señalar es que no son opiniones de estados que integran las Naciones Unidas, ni tampoco de este organismo supranacional que es la ONU. Estas opiniones no tienen carácter vinculante, pero igual nosotros, en aras de sentar bien la posición peruana, vamos a dar la respuesta debida.

-Por un lado el premier Alberto Otárola señala que se le dará todas las facilidades a la ONU y que responderán en el menor tiempo posible, pero por el otro el Ministerio de Justicia señala en un comunicado que este pedido “no refleja la opinión de la ONU”, ¿por qué hay contradicciones?

En lo absoluto, porque lo que dice el premier y lo que decimos nosotros es cierto. Lo que acá debe quedar bien claro es que quienes han emitido opinión no son la ONU, eso es clarísimo. Son personas que, lo que hacen, es dar una opinión como expertos internacionales, pero, lo vuelvo a resaltar, no son estados que integran las Naciones Unidas, ni son organismos que integran este sistema. Nosotros somos respetuosos y también mantenemos la misma línea, pero haciendo esta aclaración, nada más.

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-Si bien este documento fue firmado por personas que no son funcionarios de la ONU, varios expertos internacionales y excancilleres han coincidido en que este pedido le hace “daño al Perú”, así como constituye “un llamado de atención al Gobierno y que no lo deja muy bien parado”, ¿qué opina usted?

Son respetuosas las opiniones emitidas por estos exministros, excancilleres y expertos en temas internacionales, pero en realidad sus opiniones no condicen con la realidad. Si ellos consideran que la opinión de estos especialistas, que forman parte de una sociedad civil internacional, nos afecta, bueno respeto su opinión, pero nosotros como estado estamos cumpliendo con dar las respuestas que corresponden y siempre en aras de lograr que haya una aclaración de todos los hechos sucedidos y de que no haya ninguna duda.

-Para emitir una respuesta a la ONU, ¿coordinarán con el Ministerio Público, Poder Judicial u otras instituciones?

Vamos a dar las respuestas más satisfactorias a estas opiniones emitidas por estos especialistas internacionales. Más allá de eso, vamos a ver cómo se va a desarrollar toda esta dinámica, pero repito que tenemos toda la voluntad de coadyuvar a que los hechos se esclarezcan, así que no hay ningún problema para poder avanzar en ese sentido. ¿Vamos a integrar en nuestra opinión a otros entes? No, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el Ministerio Público tiene una independencia en su labor y se encarga de investigar el delito, mientras el Poder Judicial resuelve. Entonces, por separación de poderes y por autonomía constitucional que tiene el Ministerio Público, nosotros no podemos sumarlo en una respuesta que da el Ejecutivo.

¿Se está dando facilidades a los organismos internacionales que investigan las protestas en el Perú

El Estado mantiene una apertura con cualquier organismo internacional y también con cualquier ONG, muchas vinculadas al tema de derechos humanos. Le estamos dando todas las facilidades a su trabajo. Ellos son personas que hacen sus investigaciones en paralelo, pero en realidad somos bastante respetuosos de su trabajo.

-Precisamente, un informe de Amnistía Internacional acusó a las autoridades peruanas de actuar con “un marcado sesgo racista” en la represión de las protestas, ¿qué responde a eso?

En primer lugar, la discriminación es algo que, como Estado, proscribimos. Nosotros tenemos un diagnóstico de lo que es la discriminación a nivel nacional y estamos trabajando en una política pública de lucha contra la discriminación. Combatimos eso y, como Estado, estamos siempre atentos a que la discriminación sea proscrita. Acá no hablamos de un estado discriminador. Por ejemplo, puedo dar cuenta que a las personas quechua hablantes, aymara hablantes han tenido defensa pública, gracias a un trabajo en conjunto con el Ministerio de Cultura. Se les dio traductores para poder ejercer sus derechos defensa en caso de detenciones durante las protestas. Lo que puede decir Amnistía Internacional es una opinión contraria a lo que este Gobierno tiene claro, de que no hay discriminación.

-Este informe también concluye que hubo un uso desproporcionado de la fuerza y que todos estos actos podrían constituir ejecuciones extrajudiciales…

Sinceramente ellos dan esa opinión, pero no la compartimos. Producto de las investigaciones que se están llevando a cabo vamos a tener, sin lugar a duda, un esclarecimiento de los hechos. No compartimos esas expresiones, las descartamos de plano y parecen que no son del Estado de derecho, el cuál salvaguardamos. Todo esto será materia de una investigación correspondiente, se esclarecerán los hechos y, en su momento, se determinarán responsabilidades. Hay que ser bien claros de que no hay nada de lo que dice (este informe).

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-Hasta el momento se han registrado más de 50 fallecidos y 800 heridos producto de las protestas en el país, ¿quién es el responsable político de esta situación?

Hablar de responsabilidad política y, yendo al kit de tu pregunta, es un tema que, definitivamente, pues no le encuentro mayor sentido. Acá, desde el Ejecutivo, se ha dado una orden clara a las Fuerzas Armadas y policiales de que observen lo que manda el tratado de derechos humanos, la Constitución, las leyes, reglamentos y protocolos, en ese orden. Acá nadie ha dado órdenes para que se vulnere algún derecho fundamental (en las protestas), sobre todo, la vida e integridad de las personas. Los hechos que han ocurrido son materia de investigación y alguien va a tener que responder por esos actos, como por ejemplo, la pérdida de vidas humanas, pero son actos que son materia de investigación y que tienen que llevar su curso correspondiente. Lo único que queda claro acá es que, como Gobierno, tenemos la claridad y la tranquilidad de que se ordenó y se pidió a las FF.AA. y Policía que hagan lo que tiene que hacer, cumpliendo sus funciones y respetando la vida e integridad de las personas.

-El premier sostiene que el responsable político de estos decesos es Pedro Castillo. ¿Concuerda?

Claro que sí. Sabemos perfectamente que esto se ha dado en una situación en donde se ha visto claramente el azuzamiento y el llamado a atacar este Gobierno ha sido evidente. El señor (Pedro) Castillo ha mandado mensajes, aprovechando de que, estando en prisión, tiene garantizada su permanencia con los parámetros que permite la ley. Hay evidencia de que ha estado azuzando este tipo de protestas y hay un nivel de responsabilidad. Si nosotros vemos la secuencia de 25 tweets (de Pedro Castillo) que un medio de comunicación reprodujo, vamos a ver que, en buena cuenta, hay una suerte de llamado a la protesta.

-Si la presidenta Dina Boluarte no es la responsable política por todos estos decesos, tal como alegan los manifestantes y algunas bancadas de izquierda, ¿cuál es el mea culpa que haría el Gobierno frente a esta situación y qué cree usted que hicieron mal?

Acá, si quieres ver un tema de responsabilidad o de un mea culpa, creo que nosotros tenemos que comunicar como se debe la situación en la que recibimos el país, qué es compleja. Lo que nos ha faltado a nosotros es comunicar justamente que el Gobierno se origina luego de que un expresidente (Pedro Castillo) es vacado por golpismo. Algunas encuestas de opinión pública nos indican que la población tiene un cierto nivel de confusión con los hechos ocurridos en diciembre pasado y, por ejemplo, eso es algo que hemos podido comunicarlo mejor, porque el señor Castillo es un golpista, es un expresidente que cometió no solo un delito, sino que además quebró el orden constitucional. No es posible que haya narrativas que estén dando pie a que el señor se victimice, cuando en realidad de víctima no tiene nada. Hay que ser bastante enfáticos en que siempre hay que saber manejar ese tipo de crisis y creo que, por ese lado, se debió haber comunicado mejor los hechos y dar a la población la tranquilidad.

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-Algunos expertos y penalistas señalan que el proyecto de ley que el Gobierno presentó para endurecer las penas de algunos delitos en el marco de un estado de emergencia no servirá de nada y que tampoco ayudará a disuadir a los que protestan. ¿Darán marcha atrás?

Ese proyecto de ley, presentado ante el Congreso, viene producto de un entendimiento. No solo es un proyecto del Ejecutivo, sino del Consejo de Estado, que se realizó en diciembre. Es una propuesta que incrementa penas a delitos existentes en nuestro ordenamiento jurídico que no tienen nada que ver con la protesta. Hay una expresión que no se debe admitir y es que algunas personas que emiten sus opiniones hablan de que hay una criminalización de la protesta y eso es una falacia.

- ¿Por qué lo dice?

Nosotros estamos hablando de que la protesta es un derecho constitucional que se ejerce dentro de los parámetros constitucionales sin que haya violencia, pero estos actos distintos a la protesta que están tipificados como delitos tienen un tratamiento penal y la respuesta es penal. Y en ese orden de ideas, parte de lo que manda la doctrina penal es disuadir con la pena y el incremento (en las penas) propuesto en este proyecto de ley busca disuadir, pero se trata de delitos preexistentes en nuestro ordenamiento que no tienen nada que ver con la protesta ciudadana. Así que recalco, eso de (que estamos) criminalizando la protesta es una falacia.

-Luego de que el Congreso falló en su intento de aprobar el adelanto de elecciones para este año, todos los esfuerzos ahora apuntan a que los comicios se realicen en el 2024, ¿qué tipo de reformas se deberían incluir e impulsar?

Me parece que las reformas que se deberían dar deben enfocarse en el proceso electoral. Se deben analizar los requisitos para las candidaturas, los impedimentos para ser candidatos y la declaración jurada de hoja de vida. Deberían ir a cosas más de la elección en sí y no a temas de fondo como, por ejemplo, cosas que apuntan más hacia la estructura del Estado. Me parece que eso podría tomar un poco más de tiempo y quizás no esté tan cerca como para una elección. Pero, finalmente, hay que ser respetuosos de los procesos en el Congreso, porque ellos son los que deciden y nosotros cumplimos con lo nuestro. Presentamos dos iniciativas de adelanto de elecciones (para el 2023 y 2024) y me parece que el tema ya va a una discusión en el Parlamento, esperemos se dé cuanto antes.

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-Usted anunció que se formaría una comisión de expertos en el Minjus, quienes elaborarían y presentarían un paquete de proyectos ante el Congreso. ¿En qué estado se encuentra el grupo?

La comisión tiene un trabajo realizado, lo que pasa es que, justamente, al no haber una definición sobre el adelanto de elecciones todavía no se ha presentado ninguna propuesta, pero se ha recogido en un trabajo bastante importante opiniones de diferentes entendidos en la materia, sociedad civil e instituciones. Hay un trabajo importante, lo tenemos todo copiado, tenemos una matriz en la que hemos incorporado potenciales propuestas de reformas constitucionales legales, pero finalmente eso lo hemos dejado ahí, porque consideramos que tiene que haber un tiempo político para poder ingresar este tipo de iniciativas.

- ¿De cuántas iniciativas legislativas estamos hablando?

Son varios puntos, pero no hay todavía un detalle sobre el particular, porque tras 13 reuniones nosotros hemos armado diferentes potenciales fórmulas legales de reforma. Pero darte un número exacto es complicado porque, para que esto se transforme en proyectos de ley, tenemos que transitar a una decisión de Consejo de Ministros. Si bien acopiamos información producto de 13 reuniones, al final del día no tenemos todavía, por parte del Consejo de Ministros, una definición del número de reformas ni tampoco del contenido de estas. Esto es algo que se tiene que deliberar en el Consejo de Ministros oportunamente y, repito, no se ha dado por el tiempo político. Primero se tiene que definir el adelanto de elecciones.

- ¿Debería permitirse la reelección de congresistas, alcaldes y gobernadores?

No puedo emitir opinión sobre eso, porque son temas de reforma. Si bien hemos hecho un debate intenso en 13 reuniones con especialistas, entidades públicas y organismos electorales, finalmente tenemos muchos puntos que podrían ser reformas propuestas por el Ejecutivo

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