La Procuraduría de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) pidió al Poder Judicial que archive una acción de amparo presentado por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien busca dejar sin efecto el procedimiento disciplinario inmediato que le inicio dicha institución tras haber sido sindicada de liderar una presunta organización criminal.
El recurso de excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa fue presentada ante el despacho del juez constitucional Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán, quien convocó a una audiencia para el próximo 6 de marzo a fin de que el documento sea puesto en conocimiento de Benavides para que ejerza su derecho de defensa.
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En el documento, la Procuraduría de la JNJ precisa que aún no se han agotado los recursos jerárquicos o los medios impugnatorios a los que puede acceder la suspendida fiscal en la vía administrativa a fin de que pueda defender sus derechos frente a este procedimiento disciplinario inmediato, que derivó en su suspensión por seis meses.
Cabe recordar que esta mañana el pleno de la JNJ escucha en una audiencia pública los alegatos de Benavides y su abogado, Jorge del Castillo, quienes presentaron un recurso de apelación contra la medida de suspensión en su contra.
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¿Qué plantea la demanda de amparo de Benavides?
En su acción de amparo, Benavides pidió que se declare “inaplicable” y sin efecto jurídico el procedimiento disciplinario inmediato en su contra al sostener que los siete miembros de la JNJ ostentan un “perjuicio personal”, lo que se evidencia por su conducta desplegada en el ejercicio de sus atribuciones contra su persona.
Esto, más aún si existe un proceso previo abierto por la suspendida fiscal contra estos magistrados, por lo que “se pretende llevar a cabo un proceso ante un órgano decisorio carente de imparcialidad”.
Benavides también remarca en su demanda que los magistrados Imelda Tumialán, Antonio de la Haza y María Zavala vulneran su derecho a la imparcialidad judicial, toda vez que en su entonces condición de fiscal de la Nación les inició una investigación preliminar por el presunto delito de patrocinio ilegal, debido a que se les atribuye haber ejercido presión para que la Corte Suprema emita un pronunciamiento de respaldo a favor de la exfiscal suprema, Zoraida Ávalos, “lo que constituye un supuesto conflicto de intereses”.
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