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El Poder Judicial evalúa en una audiencia el pedido de 36 meses de prisión preventiva que pesa contra el vacado expresidente Pedro Castillo y sus dos exministros Juan Silva (Transportes) y Geiner Alvarado (Vivienda). Todos ellos son investigados por los presuntos delitos de pertenencia a una organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
Durante su intervención, la fiscal suprema, Galinka Meza, estimó que el exmandatario podría recibir una pena de 32 años de prisión, en caso sea condenado en el presente caso.
En el caso de Alvarado, este podría recibir una condena de 17 años y 8 meses de prisión, mientras que a Silva le esperaría una sanción de 24 años y 8 meses de cárcel.
La fiscal también advirtió que sobre el exmandatario existe un posible riesgo de fuga, debido a que no cuenta con un domicilio acreditado ni tampoco arraigo familiar, debido a que su esposa (Lilia Paredes y sus dos hijos) se encuentran asilados en México.
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“En su declaración indagatoria (Pedro Castillo) ha referido que no cuenta con domicilio real, información que ha sido ratificada en su ampliación de declaración, en la investigación preparatoria seguida contra este en otra carpeta fiscal y en otro expediente por rebelión, entre otros delitos”, señaló.
Meza también remarcó que los hechos cometidos por el exmandatario tienen un impacto a nivel nacional. En ese sentido, cuestionó que este haya intentado eludir su responsabilidad al tratar de asilarse en la embajada de México.
“Como parte del peligro de obstaculización, Pedro Castillo también participó en la desaparición de evidencia. Por ejemplo, el cambio de celulares de su resguardo policial, intimidación de testigos (Karelim López y Zamir Villaverde), entre otras acciones más”, indicó.
En otro momento, la fiscal advirtió que “existen suficientes elementos de convicción para sostener que la presunta organización criminal y sus efectos siguen aún en vigencia”, al recordar que una de las empresas beneficiadas sigue lucrando y hasta contrató a uno de los investigados en el proceso, Geiner Alvarado.
“Se deben realizar diligencias, toma de declaraciones, solicitar información sobre las licitaciones, entre otras acciones (...) se requiere 36 meses de prisión preventiva para Pedro Castillo, Juan Silva y Geiner Alvarado para asegurar la presencia de estas personas en el proceso”, dijo.
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No existe peligro de fuga
En respuesta, el abogado de Castillo, Eduardo Pachas, solicitó al juez supremo Juan Carlos Checkley que declare infundado el pedido de prisión preventiva que pesa en contra de su patrocinado.
A su juicio, las nuevas pruebas fiscales para alegar que existe un peligro de fuga no tienen fundamento al señalar que el domicilio del exmandatario, desde el pasado 7 de diciembre, es el Penal de Barbadillo (Ate).
“Allí la Fiscalía le envía los documentos y allí su familia lo visita. Por tanto, sí tiene domicilio conocido”, remarcó tras señalar que su cliente se encuentra custodiado por 20 miembros del INPE y cinco policías armados, por lo que no podría fugarse.
El abogado también descartó la posibilidad de que Castillo pueda obstaculizar la obtención de pruebas e intimidar a testigos, tal como alega la Fiscalía.
La Fiscalía acusa a Castillo Terrones de ser el presunto cabecilla de una organización criminal que trabajó en las más altas esferas de poder, sobre todo, en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Ministerio de Transporte de Comunicaciones. Dicha organización habría obtenido licitaciones concertadas en Provías Descentralizado y en Petroperú.
Actualmente el expresidente afronta 18 meses de prisión preventiva por perpetrar un golpe de Estado, en diciembre pasado. En esta investigación también están comprendidos los exministros Willy Huerta, Roberto Sánchez y Betssy Chávez.
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