El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, anunció que el Ministerio Público contará con acceso a la información de las llamadas realizadas desde los centros penitenciarios del país, como parte de una estrategia para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.
La medida es resultado de un convenio firmado con el Ministerio de Justicia, que permitirá utilizar estos registros en investigaciones de delitos graves.
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Según explicó Gálvez, este acceso representa un paso decisivo en la investigación de actividades ilícitas que, en muchos casos, se planifican desde el interior de los penales.
“Se perdía la mejor oportunidad para identificar, investigar y sancionar a los miembros de las organizaciones criminales”, afirmó el fiscal de la Nación, al referirse a la falta de aprovechamiento de estas comunicaciones en procesos anteriores.
El titular del Ministerio Público indicó que delitos como la extorsión, el sicariato y otros actos de violencia suelen gestionarse mediante llamadas realizadas por internos que mantienen vínculos activos con redes criminales. Por ello, el seguimiento de estas comunicaciones será clave para desarticular estructuras delictivas y acelerar la identificación de sus responsables.
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Durante años, diversos informes han advertido que los penales funcionan como centros de operaciones para organizaciones criminales, debido a la limitada capacidad del Estado para supervisar plenamente los flujos de comunicación. Gálvez señaló que, con este convenio, se espera revertir esa situación y cerrar una vía que ha permitido a los grupos delictivos mantener su poder e influencia.
El acuerdo firmado con el Ministerio de Justicia también permitirá coordinar el uso de esta información con otras instancias del Ejecutivo, con el objetivo de asegurar una respuesta más rápida y articulada frente a amenazas criminales que trascienden los muros de las cárceles.
